Gobierno de Dina Boluarte aprueba plazos que ponen fin a diligencias para buscar víctimas de desaparición forzada

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Rosa Pallqui lleva más de 40 años buscando a su esposo, el periodista Jaime Ayala Sulca, quien el 2 de agosto de 1984 ingresó a la base de la Marina de Huanta y nunca más salió. Doris Caqui se ha pasado casi 39 años indagando por su esposo, el dirigente sindical Teófilo Rímac Capcha, a quien efectivos militares secuestraron de su casa en la madrugada del 22 de junio de 1986. Ambas no perdían la esperanza de hallar sus restos para darles cristiana sepultura y tener donde llorarlos, sin embargo, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, acaba de aprobar una directiva, que en la práctica cerrará los casos.

El documento es una iniciativa promovida desde el inicio de la gestión de Javier Pacheco como director de dicha entidad en agosto del año pasado, y si bien una primera versión fue consultada con el equipo técnico, organizaciones de familiares de desaparecidos de la violencia política y el Grupo de Trabajo contra Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, al final el Gobierno de Dina Boluarte emitió una directiva sin tomar en cuenta sus recomendaciones.

El principal problema es que la norma trata el proceso de búsqueda de desaparecidos como si fuera un procedimiento administrativo, estableciendo que cada etapa del proceso de búsqueda concluye en un plazo determinado y con un informe, pese a que el Grupo de la ONU indicó en marzo último, que este planteamiento no se ajusta a los estándares internacionales.

Le advirtió “al Gobierno de Perú y, en particular, a la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que, al pretender establecer plazos para la investigación humanitaria, el Proyecto incumple con los estándares internacionales de derechos humanos al no reconocer el carácter permanente del delito de desaparición forzada y la naturaleza continuada de la obligación de búsqueda de las personas desaparecidas”.

Y si bien la directiva aprobada dice que “la búsqueda es una obligación permanente”, se observa lo contrario. Por ejemplo, se señala que si en la evaluación preliminar no se encuentra información sobre un sitio de entierro, se reevaluará el caso cuando haya más indicios, pero no precisa cuándo ni cómo. Similar situación se observa en la etapa de la investigación humanitaria y en la intervención del lugar de entierro con el Ministerio Público. En todos los casos, si no se halla nada, simplemente ya no se buscan los restos.

Se asigna 15 días para la evaluación preliminar, otros 15 para el inicio de la investigación, hasta 18 meses para el desarrollo de la investigación humanitaria, la intervención conjunta dependerá de los plazos que establezca el Ministerio Público. Si en ninguna de estas etapas se encuentran los restos de las víctimas, el investigador debe presentar el informe técnico de culminación del proceso de búsqueda y un proyecto de respuesta para los familiares.

Cifras negativas

El Registro Nacional de Desaparecidos (RENADE) tiene registrados los nombres de 22.626 víctimas secuestradas entre 1980 y 2000, y a diciembre último se había encontrado alrededor 3.400. Con esta norma, la búsqueda de más de 19.000 desaparecidos, corre el riesgo de cerrarse sin que el Estado agote todos los esfuerzos por hallarlos.

En la práctica ya está ocurriendo. Por ejemplo, entre enero y abril del 2024, el equipo de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas estuvo en campo recogiendo información sobre más de 480 personas desaparecidas en Ayacucho, registró 142 sitios de entierro y tomó 333 muestras biológicas a familiares de desaparecidos. A diferencia del año anterior, entre enero y abril de 2025 solo se ha recogido información sobre 36 personas desaparecidas, se han tomado 25 muestras y no se ha registrado ningún sitio de entierro. En lo que va del año, la actual gestión no ha iniciado ninguna investigación nueva.

En su momento las organizaciones de familiares advirtieron que la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que depende del Ministerio de Justicia, planeaba poner fin al proceso humanitario para hallar y devolver a sus seres queridos.

“Pretender que el objetivo de una búsqueda humanitaria es la entrega de un documento de cierre al familiar, donde solo se explica las acciones realizadas, el envío de documentos y la tramitología, pero no hay información de qué ocurrió con el desaparecido, dónde está o no se logra encontrar los sitios de entierro e identificar a las víctimas, es un proceso burocrático que no responde al derecho a saber de los familiares”, indicaron en un pronunciamiento familiares de la Cantuta, la Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente, Desplazados y Torturados (ANFADET), entre otros.