El expresidente Alejandro Toledo ha solicitado al Poder Judicial cumplir su condena bajo arresto domiciliario, amparándose en la Ley N.º 32181, aprobada por el Congreso en diciembre de 2024. Esta norma permite que personas mayores de 80 años cumplan su pena en su domicilio, sin excluir delitos como corrupción, terrorismo o violación. La solicitud ha generado un intenso debate en el ámbito político y judicial.
Un pedido basado en razones humanitarias
Toledo, quien cumplió 80 años el pasado 28 de marzo, argumenta que su estado de salud se ha deteriorado significativamente durante su reclusión en el penal de Barbadillo. Su defensa sostiene que padece enfermedades cardíacas, diabetes y ansiedad, además de antecedentes de tratamiento oncológico. Bajo estos argumentos, su abogado Roberto Su presentó el pedido ante el juez Richard Concepción Carhuancho, quien ahora evalúa la procedencia de la solicitud.
La Ley N.º 32181 ha sido objeto de controversia desde su aprobación, ya que permite el arresto domiciliario sin distinción de delitos. Esto ha generado preocupación entre diversos sectores, pues podría beneficiar a otros condenados por corrupción y delitos graves. De hecho, figuras como Vladimiro Montesinos y Pedro Pablo Kuczynski también podrían acogerse a esta normativa en el futuro.
El abogado penalista Luis Lamas Puccio ha señalado que la ley debe ser reglamentada para evitar que delincuentes peligrosos obtengan beneficios indebidos. En el Congreso, algunos legisladores han propuesto modificaciones para excluir a condenados por terrorismo, violación y narcotráfico, aunque hasta ahora la norma se mantiene sin cambios.
El juez Concepción Carhuancho deberá decidir si concede el arresto domiciliario a Toledo o si mantiene su condena en prisión. La Fiscalía también deberá pronunciarse sobre el pedido antes de que se tome una decisión definitiva. Mientras tanto, el caso sigue generando opiniones divididas entre quienes consideran que la ley debe aplicarse sin excepciones y quienes creen que podría abrir la puerta a la impunidad.
La resolución de este caso marcará un precedente en la aplicación de la Ley N.º 32181 y podría definir el futuro de otros condenados en situaciones similares. ¿Será este el inicio de una nueva etapa en el sistema penitenciario peruano o un riesgo para la lucha contra la corrupción? La respuesta dependerá de la decisión judicial en los próximos días.
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