Congresistas investigados por la Fiscalía están recibiendo defensa legal pagada con dinero de fondos públicos. A pesar de que los implicados aseguran desconocer los detalles de este acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso, la situación ha llamado la atención de ciudadanos y expertos legales, que cuestionan la legalidad de este beneficio.
La norma, que se estaría utilizando para justificar estos pagos, proviene de una ley destinada a funcionarios con funciones ejecutivas (Ley Servir), no aplicable al ámbito legislativo, lo que pone en sospecha su legitimidad. Según abogados constitucionalistas, este uso de los fondos contraviene las normativas del Congreso.
La controversia comenzó cuando la Mesa Directiva del Congreso, presidida por Eduardo Salhuana, aprobó un presupuesto destinado a cubrir los gastos de abogados para al menos cuatro congresistas: Kelly Portalatino, Luis Cordero Jon Tay, Hilda Portero y Patricia Chirinos. Todos ellos están siendo investigados por la Fiscalía por presuntos delitos que van, desde el tráfico de influencias, hasta la participación en organizaciones criminales. A pesar de la magnitud de las acusaciones, los congresistas beneficiados argumentan que están ejerciendo su derecho a defensa legal.
El Parlamento aprobó hasta 8 UIT —más de 40 mil soles— para cubrir abogados particulares. Sin embargo, muchos de los beneficiados aseguran “no saber” que este acuerdo existe.
Sin embargo, algunos de los implicados, como Portalatino, han manifestado desconocer la existencia de este acuerdo. A pesar de ello, en sus intervenciones, las pruebas indican que ya habían solicitado el pago de sus abogados a través de este mismo mecanismo. Otros congresistas, como Patricia Chirinos, han admitido que hicieron uso de este beneficio, pero defienden que la medida está dentro de sus derechos, alegando que es un recurso legalmente permitido.
LOS CONGRESISTAS SE DEFIENDEN
“Se trata de una persecución política y necesitamos defensa especializada”, dijo la congresista Kelly Portalatino a Latina Noticias, aunque evitó responder quién solicitó los fondos para su abogado.
Si bien los congresistas argumentan que están ejerciendo su derecho a la defensa, la controversia ha puesto en evidencia la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. La Contraloría y la Fiscalía ya tienen conocimiento del caso, por lo que han sido llamadas a investigar este asunto, que continúa generando gran desconcierto entre la ciudadanía.
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