Las congresistas Norma Yarrow y Patricia Chirinos (Renovación Popular), presentaron una iniciativa legislativa que plantea que el Estado peruano disponga el cumplimiento de penas en penales de terceros países para extranjeros y nacionales sentenciados por delitos graves. Esta medida aplicaría a quienes hayan recibido condena firme por delitos que afecten la seguridad del Estado o el orden público.
La propuesta tiene como objetivo principal descongestionar el sistema penitenciario nacional y optimizar el uso de los recursos públicos. Además, busca reforzar la cooperación internacional en materia de justicia penal y seguridad, conforme a los artículos 55 y 56 de la Constitución.
Crimen organizado y delitos graves bajo la mira
El proyecto señala que el Perú deberá mantener convenios penitenciarios con países comprometidos con la lucha contra el crimen organizado transnacional. Esta cooperación permitiría evitar que los establecimientos penitenciarios locales sean utilizados como centros de comando por organizaciones criminales.
Entre los delitos señalados en la norma se incluyen terrorismo, tráfico ilícito de drogas, organización criminal, sicariato, trata de personas, extorsión agravada y lavado de activos. También se incluyen delitos cuya reiteración represente una amenaza para la seguridad nacional o el sistema penitenciario.
Implementación a cargo de varios ministerios
La operatividad del traslado estará a cargo de diversas entidades estatales, como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional del Perú, cada uno dentro del marco de sus competencias.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos supervisará que los condenados cumplan sus sentencias conforme a la autoridad judicial peruana, asegurando el cumplimiento de los convenios gestionados por el Estado.
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