El lunes revelamos un informe sobre la situación del ingeniero Juan Carlos Herbas Vilca, quien fue nombrado en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Puno, a pesar de estar inhabilitado de manera permanente.

La drástica sanción fechada inscrita en la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir) el 28 de diciembre de 2018 fue desestimado un año después cuando consumaron el insultante acto.

La Contraloría detectó el nombramiento indebido y recién el 7 de febrero de este año conminó al actual director regional, Beto Portillo Calcina, para que, en un plazo de 20 días, remita un plan de acción al Órgano de Control Institucional.

El abogado laboralista, Mario Carbajal, opinó que ello es el inicio de la destitución de dicho servidor, que además concluiría con denuncias contra los funcionarios que resulten responsables del ilegal nombramiento.

Sostuvo que dicho servidor, no podrá acogerse a leguleyadas ni a la otrora prescripción de actos administrativos, ya que el procurador del Gobierno Regional de Puno (GRP), deberá plantear una demanda.

“Lo que corresponde es una demanda contenciosa de lesividad. Así se denomina cuando la administración pública pide la nulidad de sus propios actos. En doctrina se plantea el proceso de lesividad cuando supera dos años desde la vigencia del nombramiento irregular”, explicó.

El aludido Herbas Vilca no quiso dar su versión, alegando que «estoy en camino, se va a cortar la llamada». Desde el fin de semana no se le ve en la DRTC, nos dijeron que ha pedido licencia.

Un día antes, su esposa, la regidora de Puno, María Rodríguez, nos llamó para indicarnos que su caso estaba judicializado.