Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, envió una carta al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en la que sostiene que el exmandatario es un “preso político” y que su vida corre peligro debido a una huelga de hambre seca. La ex primera dama, que halló refugio en México tras el golpe de Estado de 2022, solicitó una reunión urgente para denunciar la situación de su esposo.
“Mi esposo ha tomado la determinación de protestar pacíficamente, iniciando una huelga de hambre seca, ante tanto abuso del que somos víctimas, tanto su familia, el pueblo peruano, como él mismo”, escribió Paredes en la misiva. También aseguró que Castillo enfrenta un “juicio que es una farsa”, pues, según ella, su condena fue planeada “desde antes del 7 de diciembre de 2022”.
En la carta, dirigida a Volker Türk y a varias relatoras especiales de la ONU, la esposa del expresidente señala que la detención de Castillo es “arbitraria” y lo describe como una víctima de persecución política. “Cada hora que pasa, su vida se le está apagando”, alertó Paredes, asegurando que el exmandatario “ya descompensó la salud” y tuvo que ser trasladado a un hospital.
Pese a que Castillo enfrenta un juicio por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, su esposa insiste en que su arresto es parte de una conspiración. “Porque cada día de protesta es una supervivencia, recibiendo golpes y balas, siendo denigrados, estigmatizados, criminalizados, perseguidos, heridos y asesinados”, afirmó en su escrito.
El llamado de Paredes a la ONU ocurre en un momento clave del proceso judicial contra Castillo. Recientemente, el exjefe del Estado Mayor de la Policía, Vicente Álvarez, reveló que el exmandatario ordenó la detención de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el cierre del Congreso, tras su mensaje golpista a la nación.
“Escucho que el general Alfaro estaba hablando por teléfono y dice: ‘Señor presidente, sí, que cierre el Congreso, ¿pero por qué motivo?, que detenga a la fiscal de la Nación, ¿pero por qué motivo? ¿cuál es la causa?’”, testificó Álvarez en una de las recientes sesiones del juicio. Según el oficial, la orden no se ejecutó porque era inconstitucional.
Ante estas declaraciones, la imagen de Pedro Castillo como “preso político” resulta cada vez más insostenible. El testimonio de Álvarez refuerza la acusación de la Fiscalía, que solicita 34 años de prisión para el expresidente por el delito de rebelión.
Aun así, Paredes insiste en su versión. “Apelo a su responsabilidad como alto comisionado para los Derechos Humanos (…) para que pueda escuchar mi testimonio, en calidad de víctima, madre, esposa y perseguida política”, sostuvo en su carta, intentando captar la atención de organismos internacionales.
La misiva, con fecha 14 de marzo, también se enmarca en una estrategia que busca presionar a la comunidad internacional. “Le solicito por este medio, me conceda una reunión urgente, las próximas 72 horas pueden ser decisivas para la vida de mi esposo”, escribió Paredes, a pesar de que el juicio sigue su curso con pruebas contundentes en contra de Castillo.
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