El gobierno de Nayib Bukele presume de haber pacificado El Salvador con su política de mano dura contra las pandillas. Las cifras oficiales reflejan una drástica reducción en la tasa de homicidios y un renovado interés turístico e inversor en el país. Sin embargo, bajo la aparente estabilidad se esconde un sistema represivo que ha encarcelado a miles de personas sin pruebas, destrozando familias enteras. La historia de Delmy Cortez y sus hijos, recogida por Diario El País, es solo una muestra del costo humano de esta estrategia.
Una familia rota por el Estado
Delmy Cortez es una madre salvadoreña que ha visto su vida desmoronarse bajo el estado de excepción decretado por Bukele en 2022. Primero, su hija Beatriz murió en 2017 tras serle negado un aborto que podría haber salvado su vida. Luego, su hijo Mauricio fue detenido arbitrariamente y acusado de pertenecer a una pandilla sin pruebas. Finalmente, su hijo menor, Javier, emigró a Estados Unidos en busca de oportunidades que su país le negaba.
El 13 de junio de 2022, Mauricio salió a jugar fútbol con un familiar cuando una patrulla policial se les acercó. Sin mediar pruebas, lo arrestaron por el delito de «agrupaciones ilícitas». Su madre corrió a la comisaría para intentar entender lo sucedido, pero solo recibió una respuesta fría y desalentadora: “Así es el régimen”.
Mauricio es solo uno de los más de 84.000 salvadoreños detenidos bajo el estado de excepción. La mayoría de ellos nunca han tenido acceso a un juicio justo. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que muchas de estas detenciones obedecen a cuotas impuestas a los cuerpos de seguridad, lo que ha derivado en arrestos indiscriminados y abusos de poder.
Las cárceles salvadoreñas: tumbas para inocentes
El Salvador se ha convertido en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo. Se estima que el 2% de la población está tras las rejas, muchas veces sin pruebas que sustentan su culpabilidad. En el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una mega prisión construida por el gobierno, miles de reclusos viven en condiciones inhumanas.
Las familias de los presos no tienen derecho a visitas y apenas reciben información sobre su estado. Cada mes, las madres de los detenidos se organizan para llevar paquetes de comida y productos de higiene, aunque desconocen si estos realmente llegan a sus hijos. Delmy Cortez no ha visto a Mauricio desde su arresto y no sabe si está vivo.
Mientras tanto, el gobierno de Bukele sigue promoviendo una imagen de éxito. En sus redes sociales, el presidente comparte videos de operativos espectaculares, con cientos de presos esposados y rapados, como si se tratara de un trofeo. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han advertido que esta política podría estar sirviendo para consolidar un régimen autoritario.
El precio de la seguridad
El Salvador ha experimentado una reducción drástica en su índice de homicidios. En una década, el país pasó de tener una de las tasas de asesinatos más altas del mundo (106 por cada 100.000 habitantes) a menos de 2 por cada 100.000, según cifras oficiales. Esto ha generado una sensación de seguridad que muchos salvadoreños valoran.
Hoy podemos caminar tranquilos por las calles», dice Francisco Alexander, conductor de Uber.
«No todo lo que hace [Bukele] es bueno, pero al menos ya no vivimos con miedo a las pandillas».
Sin embargo, para muchos otros, la tranquilidad ha venido acompañada de un costo demasiado alto. La persecución no se ha limitado a los pandilleros, sino que también ha alcanzado a opositores políticos, activistas de derechos humanos y periodistas. El miedo a ser arrestado sin motivo ha llevado a que muchas personas se borren sus tatuajes, cambien su vestimenta o incluso abandonen el país.
Javier, el hijo menor de Delmy, fue uno de los que optó por emigrar. Cruzó la frontera hacia Estados Unidos sin papeles y ahora trabaja pintando casas en Houston. Con lo poco que gana, ayuda a su madre a sobrevivir y a costear los paquetes que envía a su hermano en la cárcel. Como él, miles de salvadoreños han seguido huyendo del país, pese a la aparente mejora en la seguridad.
Una lucha desigual
Las madres de los detenidos no han dejado de luchar. Organizadas en el Comité de Familiares Víctimas del Régimen del Bajo Lempa, siguen exigiendo justicia para sus hijos. A pesar del miedo y la represión, se reúnen cada mes para manifestarse y llevar alimentos a los presos.
Delmy Cortez se ha convertido en una de las caras más visibles de esta resistencia. Tras la muerte de su hija Beatriz, tomó el activismo como una forma de canalizar su dolor. Su lucha no solo es por su hijo Mauricio, sino por todas las víctimas del sistema.
Si algo me llena de esperanza es que estamos peleando juntas», dice María del Pilar Amaya, otra madre del comité.
«Así seguro que nos oyen».
Mientras el gobierno de Bukele sigue cosechando apoyo popular y atrayendo inversiones extranjeras, miles de familias salvadoreñas continúan pagando el precio de un sistema que ha convertido la seguridad en una justificación para la represión. Para ellas, el ‘milagro’ de Bukele sigue siendo una pesadilla.
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