El estudio jurídico del actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha representado a al menos seis funcionarios públicos que hoy ocupan altos cargos en el Estado.
A pesar de ello, los agraviados Fanny Álvarez Arestegui y Lucio Anco no han recibido «ni un sol» de parte de Bedriñana. «Bueno, el señor nunca ha pagado nada. Los que pagaron han sido ellos (los otros sentenciados). Al señor no lo veo. Hasta ahora no sé nada de él», dijo Anco a Latina-
Juan Santiváñez defendió al secretario general del Mininter por una presunta usurpación de terreno
El estudio de Santiváñez interpuso un recurso de nulidad que fue declarado improcedente. Y al año siguiente insistieron ante la Corte Suprema, pero tampoco tuvieron un resultado favorable.
A pesar de la sentencia, que incluyó una reparación civil de seis mil soles, Bedriñana no ha cumplido con el pago. Además, el estudio Santiváñez lo representó en otro caso relacionado con el Puente Tarata, una investigación por corrupción en obra pública durante el gobierno de Pedro Castillo.
No obstante, este caso de usurpación agravada no es el único en que el estudio Santivañez patrocinó a Anatoly Bedriñana. También lo hizo en el caso del Puente Tarata, una investigación por corrupción en obra pública del 2022 que compromete al gobierno de Pedro Castillo y a su todavía prófugo ministro de Transportes, Juan Silva.
Santiváñez y sus otros patrocinados en el Mininter
Respecto a los otros ex defendidos, se encuentra el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, César Guardia Vásquez, un general en retiro de la Policía Nacional, quien logró su reincorporación en 2021 gracias a un proceso de amparo elaborado por el estudio del ahora ministro. A pesar de ello, Santiváñez ha negado tener relación con su contratación actual, pero los documentos muestran lo contrario.
Por su parte, Rómulo Reyes Rosales, director de la Oficina de Participación de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, también ha sido patrocinado por el estudio Santiváñez. Reyes presentó una demanda contenciosa administrativa y solicitó defensa legal para un caso de homicidio calificado, aunque esta última fue rechazada por el Ministerio del Interior.
Otra de las patrocinadas de Santiváñez: Dalia Salazar Suárez
Otro caso que llama la atención es el de Dalia Salazar Suárez, secretaria general de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). En 2016, Salazar fue investigada por presunta negociación incompatible relacionada con la construcción del Nuevo Instituto Nacional del Niño. Si bien el ministro Santiváñez asegura no conocerla, documentos muestran que su estudio jurídico participó en su defensa. Salazar, por su parte, ha negado cualquier vínculo directo con Santiváñez, afirmando que solo firmó un escrito de manera colegiada.
De la misma forma, entre los funcionarios que han recurrido al estudio Santiváñez incluyen a Luis Fernando Reátegui Salazar, jefe de la Oficina de Seguridad del Congreso, y a Flor del Carmen Sobero Niño, prima del congresista Américo Gonza y comandante en retiro de la Policía Nacional. Ambos buscaron la asesoría legal de Santiváñez para revertir sus pases al retiro, aunque sin éxito.
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