El abogado Elio Riera, actual defensor legal del exconductor de televisión Andrés Hurtado, reveló que ha sido contactado por familiares del expresidente Pedro Castillo para evaluar la posibilidad de asumir su defensa en el juicio oral que enfrenta por el presunto delito de rebelión y otros cargos en agravio del Estado.
Acercamientos con la familia de Castillo
En declaraciones a RPP, Riera expresó su solidaridad con Castillo y señaló que existen argumentos para considerar su caso como «atípico», lo que, según él, justificaría su libertad. Sin embargo, aclaró que las conversaciones con los allegados del exmandatario aún están en proceso.
«Los acercamientos que hemos tenido son con los familiares. Estamos analizando la estrategia de defensa y si finalmente asumiré el caso. Me solidarizo con una persona que necesita orientación legal y justicia», afirmó Riera.
Críticas a la estrategia de Castillo en el juicio
El abogado también opinó sobre la actitud de Pedro Castillo durante la reciente audiencia del juicio oral, en la que el exmandatario rechazó la defensa de un abogado público y cuestionó la legitimidad del tribunal.
«Tal vez sigue una orientación legal que busca deslegitimar a los jueces, pero considero que no es una buena estrategia. El juicio va a continuar y es fundamental tener una defensa adecuada», sostuvo Riera.
Cabe recordar que en la última audiencia, Castillo se negó a recibir asesoría de un abogado de oficio y criticó a la Procuraduría, que ha solicitado que se le imponga una reparación civil de más de 65 millones de soles por los daños generados con su intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.
Las penas que enfrentan Castillo y sus exministros
Pedro Castillo es acusado del delito de rebelión y otros cargos en agravio del Estado. La Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión y el pago de 65’419,038.53 soles como reparación civil.
Junto a él, también están implicados la expremier Betssy Chávez, el exprimer ministro Aníbal Torres y el exministro del Interior Willy Huertas, además de exoficiales de la Policía Nacional. Para ellos, el Ministerio Público ha pedido penas de entre 15 y 25 años de prisión y una reparación civil superior a los 64 millones de soles.
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