La empresa Hidro Global S.A.C., encargada de la construcción de la Hidroeléctrica San Gabán 3, está siendo acusada de vulnerar los derechos de la comunidad campesina de San Antón, al instalar alrededor de seis antenas de telecomunicación sin el consentimiento de los comuneros. Esta acción, respaldada por un gran contingente policial, ha generado tensiones que podrían desencadenar un conflicto de graves consecuencias.
La presidenta de la comunidad, Carmen Marina Hañazco Tapia, denunció que, desde el pasado viernes, la empresa, junto a policías y subprefectos de otras jurisdicciones, inició la construcción de torres de alta tensión sin autorización. La comunidad cuenta con el Título de Propiedad N°011-88, expedido por el Ministerio de Agricultura en 1988, y ratificado recientemente con la Resolución Directoral Regional N°00087-2023 por el Gerente Regional de Desarrollo Agrario, Renato Fredy Salas.
“Han llegado por la fuerza con más de 50 policías. Nosotros les hemos pedido dialogar y mostrarles nuestros documentos, pero no quieren escuchar. Están vulnerando nuestros derechos, y no lo vamos a permitir”, declaró Hañazco, quien advirtió que los comuneros se están organizando para impedir la construcción.
Además, la líder comunal denunció a la Subprefecta Regional, Kateryn Franssis Guerra, por utilizar a subprefectos de distritos aledaños y a un gran contingente policial para avalar estas acciones, sin mediar diálogo con la comunidad.
“Es una clara violación a nuestros derechos y una falta de respeto a nuestra autonomía”, agregó.
Actualmente, los trabajos continúan bajo la presencia de la Policía, lo que ha sido calificado por los comuneros como un acto de desidia por parte de la empresa y un atropello a sus derechos. La situación ha generado preocupación ante la posibilidad de que se produzca un enfrentamiento entre los comuneros y las fuerzas de seguridad.
La comunidad de San Antón exige el respeto a su propiedad y a sus derechos, mientras que Hidro Global S.A.C. no se ha pronunciado oficialmente sobre las acusaciones. Las autoridades regionales y nacionales están llamadas a intervenir para evitar que este conflicto escale a niveles irreversibles.
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