El expresidente del Perú, Pedro Castillo, ha presentado un nuevo intento legal para abandonar el penal de Barbadillo, donde cumple prisión preventiva desde su fallido intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. Su defensa ha solicitado que se le revoque la medida de prisión preventiva y se le otorgue vigilancia electrónica domiciliaria.
El recurso de apelación fue concedido por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y remitido a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que determinará si procede el cambio de medida. En caso de ser aceptado, Castillo podría participar en una audiencia virtual para sustentar su solicitud.
El juicio también involucra a exfuncionarios de su gobierno, incluyendo a Betssy Chávez, Willy Huerta Olivas, Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez, para quienes la Fiscalía ha solicitado penas de 25 años de prisión y una inhabilitación de dos años y seis meses en la función pública. En el caso de Aníbal Torres, la petición fiscal asciende a 15 años de cárcel.
Por otro lado, el congresista Roberto Sánchez Palomino, también inicialmente incluido en el proceso, ha logrado que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema archive la acusación en su contra por presunta rebelión.
La defensa del exmandatario sostiene que existen nuevos elementos de convicción que demostrarían la no concurrencia de los delitos imputados por la Fiscalía. Argumentan que la decisión del juez Juan Carlos Checkley, quien el pasado 29 de enero declaró infundado su pedido de cese de prisión preventiva, vulnera los derechos de su cliente.
Si la Sala Penal Permanente acepta la apelación, se fijaría una audiencia virtual para determinar si Pedro Castillo podría cumplir su proceso bajo vigilancia electrónica en lugar de continuar en prisión.
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