El juez supremo Juan Carlos Checkley dispuso que las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones remitan al despacho fiscal, en un plazo máximo de 48 horas, la información detallada de los teléfonos celulares a nombre de la congresista Rosio Torres y otras investigadas.
La orden incluye el registro histórico de llamadas, mensajes de texto, comunicaciones de WhatsApp y otros datos, tanto de voces entrantes como salientes. Además, se solicita identificar los números con los que se comunicaron, durante el período comprendido entre el 2 y el 10 de abril de 2022.
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