El 2 de enero del 2025, el ciudadano Mario Miranda Cosio, en representación de sus vecinos de la urbanización 13 de Enero, ubicada en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, presentó ante el juez del Juzgado Constitucional de Arequipa una demanda contra el alcalde de dicha jurisdicción, Fredy Zegarra Black, invocando la protección de derechos colectivos, por la vulneración al derecho constitucional de la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado, en resguardo de la conservación del campo deportivo de grass natural de la Urb. 13 de Enero.
Como pretensión accesoria, el demandante solicita que la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero se abstenga y proceda al cese de todos los actos tendentes a la ejecución de obras civiles del proyecto denominado «Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y recreativa en el campo deportivo Marianito Rodríguez de la Urb. 13 de enero del Centro Poblado Ciudad Satélite».
El ciudadano Miranda afirma que en dicho campo deportivo los menores de la urbanización y otras aledañas asistían a academias deportivas y realizaban sus talleres, pero con la edificación del polideportivo estas prácticas se suspenderán, y además se dañará el medio ambiente.
En la denuncia también se indica que en abril del 2014, un notario público constató que el área donde se pretende construir el proyecto es una cancha de grass natural, que es usada desde hace más de 50 años por vecinos y hijos de la zona sin ningún tipo de costo o restricción para su acceso, y esta situación podría cambiar.
Además, el documento refiere que el 25 de abril de 2024 se sostuvo una reunión entre el alcalde y sus funcionarios con los vecinos, y se suscribió un acta en la cual la autoridad se comprometió a no ejecutar temporalmente el proyecto.
Sin embargo, los vecinos señalan que la municipalidad ha elaborado el perfil técnico del proyecto y ha licitado la obra, entregando la buena pro a una empresa que pronto iniciará las obras, lo que afecta los derechos fundamentales de los residentes.
En esa línea, se indica que el 31 de diciembre del 2024 la empresa intentó tomar posesión del campo deportivo, lo que contradice un actuar pacífico, por lo que se acusa al municipio de no respetar lo acordado con los vecinos.
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