El obispo de Juli, Ciro Quispe, es un personaje público que cobra de las arcas del Estado peruano. Con su sotana y en su púlpito puede que tenga cierta inmunidad frente a sus acólitos, pero ante la sociedad no es intocable, todo lo contrario, sus actos están sujetos al escrutinio de la ciudadanía.
NO ESTÁ BLINDADO
El clérigo fue reconocido por Resolución Suprema RS. 007-2018-JUS, norma que en ninguna parte lo blinda ante investigaciones periodísticas ni ante derechos constitucionales, como el de información.
HÁBEAS DATA ILÓGICO
Él lo sabe, claro que sí. Sin embargo, en un acto insólito ha presentado un recurso de Hábeas Data, “a fin de impedir que emitan y/o promulguen comentarios, imágenes, videos, audios y cualquier otro material alusivo a mi persona, ya sea oral o escrito, por medio magnético u óptico, que pueda significar, en cualquier vía que sea la medida, daños en contra mi intimidad personal y la prelatura…”.
También pide que el Poder Judicial ordene “la supresión de datos sensibles difundidos”, es decir pretende que los reportajes y noticias difundidas sean borrados.
La ilógica medida fue presentada ante una mujer que le sirvió varios años y que quizás asqueada por las cosas que oía y veía, decidió trascenderlas; contra quien redacta este informe y, finalmente, contra el gerente de diario Sin Fronteras. No nos intimida.
SOBRE SU MAJADERÍA
Veamos si el pedido del religioso tiene verosimilitud en la jurisprudencia del Tribunal Constitución (TC). Primero debemos de precisar que el Hábeas Data es un proceso constitucional que, entre otras cosas, protege “la intimidad personal y familiar”. Ese no es el caso que involucra a Ciro Quispe, porque los reportajes son de interés público y se basan en hechos objetivos, y no viola la intimidad personal ni familiar.
Asimismo, la pretensión del prelado vulnera “la libertad de información, reconocido en el artículo 2, inciso 4 de la Constitución”, el cual es “una garantía institucional crucial para el mantenimiento de un sistema democrático”, según el expediente N.° 03041-2021-PHD/TC.
Por lo tanto, el juez que ve la causa deberá ponderar entre el pedido del religioso y el derecho a la libertad de información y de prensa. Hay casaciones y plenos jurisdiccionales que así lo han establecido, con doctrina y no con ligerezas.
En el expediente, 03041-2021-PHD/TC, ha quedado establecido que: “el derecho a la libertad de información ―garantiza el acceso, la búsqueda y la difusión de hechos noticiosos o, en otros términos, la información veraz”. Por lo tanto, en este punto el pedido del religioso es un contrasentido jurídico.
TESTIMONIO Y PRUEBAS
De otro lado, la información publicada con relación al obispo Ciro Quispe, cumplió la rigurosidad periodística. Se buscó la versión del clérigo y la rehusó, ha sido objetivamente contrastada con varias fuentes y fuimos tras los descargos respectivos, lo que calificó como hostigamiento, coacción y amenazas.
INTERÉS PÚBLICO
Dicha jurisprudencia, por no citar otras, infiere que los reportajes difundidos tienen protección constitucional porque “la información difundida por los demandados se basa en datos objetivos y contrastables, constituidos por las investigaciones relacionadas” con la conducta y las acciones de quien administra la fe de los feligreses. Por lo tanto, toda la información que concierne a Ciro Quispe, es de interés público.
LA IGLESIA EN LA MIRA
En tiempos donde la Iglesia está «en el ojo de la tormenta» y el propio Vaticano, expulsó a varios miembros del Sodalicio por caso reñidos contra la moral, las noticias vinculadas a dicho obispo están referidas a su conducta en el cargo y “goza de la más alta relevancia e interés público, y constituye, a todas luces, un hecho noticioso que debe ser objeto de escrutinio a través del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de información”, según el criterio establecido por el TC.
REPERCUSIÓN
Los hechos denunciados por este medio han tenido repercusión en la Santa Sede, ya que el Papa Francisco, en agosto nominó a monseñor Marco Antonio Cortez Lara como “visitador apostólico”, que en la Iglesia cumple labores de un acucioso comisario.
Este religioso no se limitó a leer las noticias, fue más allá; se reunió con protagonistas de los reportajes, con miembros de la hermandad en Juli y hasta con allegados al polémico prelado.
¿POR QUÉ CALLARNOS?
Días atrás, cuando este periodista visitó Juli, dos personas muy ligadas a Ciro Quispe, nos dijeron que la pretensión de que no publiquemos más noticias de él, era para no divulgar la decisión del Vaticano que se conocería en las siguientes semanas.
Tranquilo señor obispo, es muy probable que no sea sancionado. ¿O habrá viajado en vano al Vaticano?
PRIMER FRACASO
El mismo capricho del prelado fue solicitado a la Subprefectura de Juli, al pedir garantías alegando que nuestras noticias constituían hostigamiento, acoso y amenazas. “Se debe a constantes seguimientos y hostigamientos por parte del demandado Kevin Moncada Xespe… y acoso, no solamente en la localidad de Juli, también en Puno e incluso a la ciudad de Cusco y otros lugares, no solo al recurrente sino a sus familiares y amigos y entorno cercano…”, se lee en su absurda solicitud.
El 28 de octubre acudimos al careo. La subprefecta, Ruth Yucra Villalba, permitió que el clérigo participe de manera virtual (la norma dice ‘presencial’). El 18 de noviembre, con Resolución Subprefectural 022-2024, la subprefecta (e) Deysi Vichata García, desestimó el pedido porque “según los hechos materia de la presente solicitud no cuenta con suficientes medios probatorios respecto a amenaza, hostigamiento y coacción”.
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