El gobierno de Dina Boluarte promulgó la nueva ley 32181, con el objetivo de proteger la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta normativa impide que fiscales soliciten detenciones preliminares o preventivas contra efectivos policiales que, en cumplimiento de su deber, abatan o lesionen a delincuentes.
La nueva ley protege a los miembros de la PNP al prohibir que la Fiscalía ordene la detención inmediata de agentes que hieran o maten a delincuentes en el ejercicio de su deber. Además, establece que los policías retirados mayores de 80 años cumplirán sus condenas bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
Según el Ejecutivo, esta medida tiene como objetivo fortalecer la labor policial en la lucha contra el crimen y responde a la creciente preocupación por los riesgos legales que enfrentan los policías cuando, en situaciones de emergencia, deben hacer uso de sus armas reglamentarias. Además, tiene como finalidad fortalecer la acción policial frente a una ciudadanía que exige mayor seguridad y resultados efectivos en el combate al crimen.
¿Seguridad o peligro para los derechos humanos?
El legislador Alfredo Pariona, de Perú Libre, consideró que la ley debía regresar a la Comisión de Justicia para un análisis más exhaustivo antes de ser aprobada. Según Pariona, esta medida requería una evaluación más detallada para evitar posibles vacíos legales o interpretaciones que podrían generar conflictos en su implementación. Sin embargo, esta propuesta fue denegada.
Por su parte, Sigrid Bazán, congresista de Cambio Democrático – Juntos Por el Perú, se mostró abiertamente en contra de la ley. Bazán argumentó que esta normativa no contribuye de manera efectiva a la lucha contra delitos graves como el sicariato o la delincuencia organizada, sino que podría proteger a elementos cuestionables dentro de la Policía Nacional del Perú. Además, expresó su preocupación sobre el impacto de la ley en casos de abusos policiales, especialmente en el contexto de las muertes ocurridas durante manifestaciones antigubernamentales.
En contraposición, el parlamentario fujimorista Víctor Flores defendió la normativa, asegurando que no otorga impunidad a los policías, sino que establece un marco de protección legal limitado y razonable. Flores explicó que la ley simplemente evita la detención preliminar o preventiva de los agentes que, en cumplimiento de su deber y siguiendo las normas establecidas, utilizan su arma de reglamento para abatir a un delincuente.
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