El Tribunal Constitucional (TC) desestimó la demanda de habeas corpus presentada a favor del expresidente Pedro Castillo, quien buscaba recuperar su libertad argumentando que fue detenido arbitrariamente tras su fallido golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. El exmandatario permanecerá recluido en el penal de Barbadillo, en Ate, mientras se resuelven las acusaciones en su contra.
La demanda, presentada por Alejandro Ríos Pallesa, sostenía que Castillo fue detenido sin flagrancia delictiva ni orden judicial, violando su derecho a la libertad personal. El recurso también calificaba al expresidente como un «preso político», señalando que los cargos de rebelión, sedición y conspiración eran parte de una operación judicial y política en su contra.
Sin embargo, el TC argumentó que la detención preliminar de Castillo estuvo respaldada por el requerimiento fiscal ante un delito flagrante, y que la posterior prisión preventiva fue aprobada por un juez competente. La resolución también destacó que el proceso cumplió con los procedimientos establecidos en el Código Procesal Constitucional.
El expresidente cumple prisión preventiva tras ser acusado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria de delitos como rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. La Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión y una inhabilitación de 3 años y 6 meses para ejercer cargos públicos.
El TC señaló que la prisión preventiva no afecta de manera indebida los derechos de Castillo, ya que fue avalada por decisiones judiciales en primera y segunda instancia. Este pronunciamiento refuerza las medidas tomadas por el Poder Judicial frente a los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo intentó disolver el Congreso y gobernar mediante decretos de emergencia.
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