Más de 50 trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Beneficencia (SITRABEN), protestaron frente a las instalaciones de la Sociedad de Beneficencia de Puno exigiendo la anulación de una resolución emitida recientemente, la cual según manifestaron, «los miembros del directorio no están en sus funciones para cambiar las plazas ni los documentos de gestión», lo que consideran una irregularidad.
Afirmaron además que, durante sus cuatro años de trabajo, los directivos no han mostrado avances en los programas sociales, limitándose a recibir dietas y beneficiarse con uniformes.
El secretario de defensa del SITRABEN, Rubén Chambi, denunció que no existen proyectos de gran envergadura ni obras significativas en la entidad desde el año pasado. La gestión actual, indicó, se ha dedicado a cuestiones administrativas y «no tiene visión empresarial». Además, destacó la deuda millonaria de Essalud, que supera el millón de soles, y señaló que la asesoría legal y los directivos no han logrado avances en su cobro, a pesar de que varios organismos, incluido el municipio, también tienen deudas pendientes con la beneficencia.
Otro de los motivos de esta medida de lucha es el intento de cambiar dos cargos de confianza dentro de la institución. Chambi denunció que “quieren copar los puestos” y que «el alcalde querría mandar su gente», como si considerara la beneficencia una agencia de empleos del municipio. Esto, según los trabajadores, agrava la situación, ya que afecta el manejo adecuado de los recursos y los programas de ayuda social. La situación de la entidad es crítica, según el sindicato, pues denuncian que en Jr. Arequipa 845 existen departamentos en manos de inquilinos morosos que se niegan a desocupar el inmueble. Dado que la beneficencia subsiste con programas propios, señalan una falta de gestión eficaz para solucionar estos problemas y exigen una administración que priorice los objetivos de la institución y la atención a la comunidad.
¿Huelga Ilegal?
Los trabajadores reconocen que las huelgas en este sector suelen ser declaradas ilegales, pero manifestaron estar dispuestos a asumir las consecuencias de la protesta, incluyendo descuentos salariales. Tras la manifestación inicial en la sede de la beneficencia, los trabajadores se dirigieron al palacio municipal, donde intentaron encadenarse en protesta, aunque fueron disuadidos por el personal de serenazgo.
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