El congresista por Arequipa Jaime Quito presentó el proyecto de ley por el cual pretende modificar la sexta disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1267, que aprobó la Ley de la Policía Nacional del Perú (PNP).
La esencia del proyecto N° 9272 es modificar la Ley de la PNP e impedir que las empresas mineras y extractivas contraten a la Policía como seguridad privada en las zonas de conflictos sociales, vía convenios de servicios extraordinarios.
El argumento principal de la propuesta legislativa de Quito es que la prestación de servicios de la Policía a privados vulnera el deber de neutralidad de la función policial en contextos de conflictos sociales y debilita la capacidad operativa de la institución policial para garantizar la seguridad ciudadana.
Quito remarca que según reportes oficiales de la Policía, del 2017 al 2020, el 43% de servicios extraordinarios contratados por el sector privado se concentró en proyectos de explotación de recursos naturales.
Agrega que entre el 2003 al 2021, las empresas extractivas protagonizaron conflictos ambientales y suscribieron convenios de seguridad con la Policía por más de S/73 millones. Los efectivos participaron en enfrentamientos con la población generando muertos y heridos.
Adicional a ello, argumenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que el Estado debe asegurar que no se desnaturalice la labor y función de la Policía en beneficio de intereses empresariales.
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