Juliaca. Ayer a través del diario oficial El Peruano, el gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley 32130 que devuelve a la Policía Nacional del Perú (PNP) a partir de hoy la facultad para investigar delitos y dirigir las diligencias preliminares.
Al respecto, la abogada Diana Pasaca Apaza consideró que con la promulgación de la referida ley el país retrocedió 80 años en el desarrollo del país, además que el fin del Gobierno sería politizar a la Policía.
El problema no es que la Policía tenga esas facultades, sino es que en este momento no se puede confiar en ellos porque es una policía politizada, lo que vemos es que es un argumento para aprovecharse de las investigaciones, para seguir cometiendo abusos o incluso perseguir a los que consideren enemigos del Gobierno porque la Policía estará a merced del Ejecutivo (…)”, cuestionó.
Además, manifestó que la ley pondría en peligro a la población. «Se puede pensar que si uno habla mal del Gobierno nos pueden iniciar una investigación o podrían sembrarnos, qué pasará con las protestas que se han acordado contra el Gobierno (…). Ese tipo de poder en una institución que está sumamente manoseada es delicado en este momento (… )», refirió.
NO ESTÁN PREPARADOS
En otro momento, la letrada refirió que la Policía no está preparada para asumir este tipo de funciones fiscales, debido a que no cuenta con la logística para las diligencias, además de no contar con el personal capacitado ni la formación para investigar. «El tema ético también es un problema (…), es grave la situación (…)», mencionó.
INCONSTITUCIONAL
Agregó que esta ley es inconstitucional, la que transfiere a la PNP, una entidad que depende del Poder Ejecutivo, la dirección de las investigaciones, lo que podría afectar la objetividad. «el artículo 159 de la Constitución Política del Perú reconoce Ministerio Público para el rol de conducción de la investigación, entonces al sacar esta norma han vulnerado lo que precisa en la Constitución, primero debieron modificar ese artículo (…)», aclaró.
Finalmente, instó a los poderes del Estado peruano, los organismos públicos constitucionalmente autónomos y a los Colegios de Abogados del Perú, a pronunciarse sobre las referidas iniciativas legislativas que consideró inconstitucionales.
Al respecto, también nos comunicamos con jefes de la Policía en Juliaca, para tomar sus versiones y las acciones que implementarán a partir de hoy tras la promulgación de la ley; sin embargo algunos manifestaron que no podían declarar sin autorización del general, jefe de la Región Policial Puno.
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