El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, ha pedido explicaciones al Gobierno Regional de Puno (GRP), además de anunciar sanciones por faltas administrativas y una presunta complicidad en el caso de encubrimiento y colusión tras la intoxicación alimentaria que afectó a más de 20 estudiantes en Cabana, al consumir productos del programa social Qali Warma.
Demartini, dijo que este hecho se debe claramente a un esquema de corrupción dentro de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno y el programa de alimentación escolar.
“Lo que se ha visto es una serie de colusiones”, señaló, al tiempo de indicar que se ha identificado a dos trabajadores de Qali Warma involucrados, los mismos que a partir de la fecha han sido separados.
“Los funcionarios tenían teléfonos de la empresa, váuchers de transferencia. Está clarísimo que había corrupción. En lo que va de los últimos años hemos sancionado a más de 1000 personas del programa. Hemos también separado a más de 450 empresas que han incurrido en faltas por incumplir con Qali Warma”, sostuvo.
Asimismo, ha ordenado que un equipo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), visite la institución educativa afectada.
SERÁN CITADOS ANTE EL CONGRESO
A través de sus redes sociales, el legislador Diego Bazán, integrante de la bancada de Renovación Popular, expresó su rechazo al accionar de las personas involucradas en este caso e indicó que solicitará a la Comisión de Fiscalización que el representante de la Diresa Puno y el ministro del Midis, sean citados.
“Miserables, meterse con la salud y vida de nuestros niños no tiene nombre. Bajo negociados y pago de coimas justifican alimentos en mal estado que entrega Qali Warma”, sostuvo.
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