Bruno Pacheco y Beder Camacho, quienes fueran hombres de confianza del recluido expresidente Pedro Castillo durante su Gobierno, han quedado inhabilitados para trabajar para el Estado por los próximos 5 años. No se trata de penas accesorias de sentencias dictadas por un órgano del Poder Judicial, sino de sanciones emitidas en el marco de la Ley del Servicio Civil.
Pacheco Castillo fue el primer secretario general del Despacho Presidencial en la era Castillo Terrones, pero, desde el inicio, estuvo envuelto en escándalos, como los presuntos ascensos irregulares en la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, y el hallazgo de 20.000 dólares en los servicios higiénicos de su oficina. Su paso por el Gobierno duraría solo 4 meses, hasta noviembre de 2021, mes en el que renunció al ser insostenible su permanencia.
En tanto, Camacho Gadea laboraba en Palacio de Gobierno desde mucho antes que Pedro Castillo gane las elecciones, específicamente, desde la gestión de Ollanta Humala luego de que obtuvo una plaza por concurso público. Pero no sería hasta la administración del profesor de escuela rural que alcanzaría un puesto en la Alta Dirección: la Subsecretaría General.
Las presiones de Pacheco
El hecho de que Pacheco abandonara Palacio en noviembre de 2021 no fue impedimento para que en noviembre de 2022 la Presidencia del Consejo de Ministros, a cargo de Aníbal Torres, iniciara un proceso disciplinario contra el exsecretario general por presuntas faltas al Código Ética de la Función Pública.
Los hechos que se le imputaron fueron las presiones al entonces superintendente de la Sunat, Luis Enrique Vera Castillo. La República reveló que este último irá a juicio oral, justamente, por no denunciar a tiempo los pedidos ilícitos de Pacheco.
Fueron 3 los requerimientos del exsecretario: favorecer a la empresa Grupo Deltron S.A. para que no se le cobre una deuda y se frene fiscalización tributaria; favorecer a MQVC Corporation S.A.C. en la solicitud de ampliación de importación de 20 a 500 toneladas de mercurio; y favorecer a Marco Antonio Urbina Chumpitasi para que este sea nombrado como martillero en la Intendencia de La Libertad.
Estos pedidos irregulares se dieron a través de mensajes por aplicaciones, textos cuya existencia y veracidad fueron confirmados por Vera Castillo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y hasta en 2 oportunidades ante la Fiscalía.
Bruno Pacheco no formuló descargos ante la PCM. En septiembre de 2023, el premier Alberto Otárola, en base al informe de la Comisión Ad Hoc firmó la resolución ministerial 201-2023-PCM que impuso la sanción de destitución al haberse corroborado las faltas. El exsecretario apeló la decisión ante el Tribunal del Servicio Civil, que rechazó el recurso en julio de este año.
El tribunal conformado por los vocales César Abanto, Rolando Salvatierra y Orlando de las Casas determinó que los actos efectivamente infringieron el principio de probidad y la prohibición de obtener beneficios para sí u otros por el cargo que se ejerce, por lo que confirmó la destitución.
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