Desde el 13 de mayo de 2024, la dirección de Petroperú ha sido vocal sobre su precaria situación financiera.
En un comunicado reciente, los directivos designados por la Junta General de Accionistas (JGA) han declarado la gestión actual de la empresa como insostenible, solicitando al Gobierno Central una intervención urgente.
La falta de acciones concretas, hasta ahora, ha dejado a la empresa en un estado de incertidumbre que solo profundiza la crisis. Los problemas de Petroperú no son recientes. La intervención política y sindical a lo largo de los años ha impedido una gestión eficiente y transparente, según los directivos.
Además, la construcción de la Nueva Refinería Talara, cuyo costo se ha duplicado respecto al presupuesto inicial, sigue siendo un lastre para las finanzas de la empresa. Este proyecto aún necesita un largo periodo de estabilización que podría extenderse por dos años más, exacerbando la situación financiera de Petroperú.
Ante este escenario, los directores presentan tres posibles cursos de acción al Gobierno: seguir inyectando capital sin cambios organizacionales significativos; aceptar la quiebra o liquidación de Petroperú; o emprender una reestructuración profunda.
Esta última opción requeriría una inyección considerable de capital y la implementación de medidas de eficiencia organizacional con el apoyo de consultoras internacionales reconocidas.
A pesar de los riesgos, esta vía podría ser la única capaz de transformar estructuralmente a Petroperú y asegurar su viabilidad a largo plazo.
En medio de estos debates, los directores han tomado algunas medidas, como la reducción de gerencias y la planilla, y han intensificado las investigaciones sobre corrupción interna, prometiendo transparencia y una gestión más eficaz en el futuro.
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