En un reciente desarrollo legal, la Procuraduría General del Estado ha comenzado el proceso para embargar la pensión vitalicia del expresidente peruano Alberto Fujimori, con el objetivo de asegurar el pago pendiente de la reparación civil.
Elio Riera, defensor de Fujimori, ha expresado su desacuerdo con las acciones de la Procuraduría, describiéndolas como un «exceso» y criticando la rapidez con la que se ha actuado.
Según Riera, se esperaba llegar a un acuerdo sobre la pensión antes de que se iniciaran los procesos de embargo. La defensa sostiene que la ley no prevé la eliminación de la pensión, sino solo su suspensión, lo que abre un debate legal sobre la interpretación y aplicación de las normativas vigentes.
La situación se complica aún más con investigaciones en curso sobre funcionarios del Congreso implicados en la autorización de la pensión de Fujimori, destacando la complejidad y la sensibilidad política del caso.
La ley 26519, bajo la cual Fujimori comenzó a recibir su pensión, es ahora objeto de escrutinio, con la Procuraduría y otros actores estatales buscando asegurar que los fondos se utilicen para cumplir con las obligaciones legales del exmandatario hacia las víctimas de sus administraciones.
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