La presidenta Dina Boluarte y otros funcionarios de su gobierno fueron denunciadas ante la Corte Penal Internacional (CPI) por las muertes de 49 ciudadanos y más de 300 heridos durante las protestas entre los meses de diciembre del 2022 y febrero del 2023.
Así lo dieron a conocer 16 políticos y juristas nacionales, entre ellos Marisol Pérez-Tello, Mirtha Vásquez, Diego García-Sayán, Harold Forsyth, Walter Albán, Indira Huilca Flores, Carlos Rivera Paz, entre otros, quienes la acusan de graves violaciones a los derechos humanos.
Al respecto, Raúl Samillán, presidente de la Organización Nacional de Familiares de los asesinados y víctimas de las masacres 2022 y 2023, consideró esta denuncia como un paso para encontrar justicia. «Hace un mes se hizo el informe de los 49 asesinados, tomamos esta denuncia como si el fuero internacional hubiera accedido a nuestros pedidos(…), esperamos que en los siguientes días nos notifiquen, que iremos a declarar (…)», refirió.
Agregó que hay pocas esperanzas de que las autoridades nacionales hagan justicia, sin embargo guardan esperanzas en las autoridades internacionacionales.
«Para nosotros es importante esta noticia, en el Perú no hay esperanza de encontrar justicia, tratan de dilatar el tiempo (…)», indicó.
Cabe precisar que el documento señala que en el proceso de presentación de la denuncia contra la mandataria y otras autoridades, se ha cumplido con las exigencias de la Corte y “actuó con estricto apego al derecho internacional y a la legislación peruana”. La declaración sostiene que se espera una investigación y que se llegue “hasta las últimas consecuencias, incluyendo las medidas cautelares a que haya lugar”.
“(…) Cuando atravesamos una de las etapas más críticas de nuestra historia, caracterizada por una severa afectación de los principios de la democracia representativa y muy graves violaciones a los derechos humanos que no pueden, no deben quedar en la más absoluta impunidad”, se lee en el comunicado difundido por el medio Epicentro.
Cabe precisar que hace dos meses la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) se reunió con este organismo internacional para presentar una denuncia similar, también por las muertes.
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