A julio de 2024, Arequipa registra dos conflictos sociales latentes, actualmente sin resolver y sin diálogo entre las partes. Se trata del proyecto minero Tía María y el proyecto Majes II. Así lo señala el Reporte de Conflictos Sociales 245-2024 de la Defensoría del Pueblo.
En el primer caso, el reporte precisa que los agricultores, pobladores y autoridades locales de la provincia de Islay se oponen al proyecto Tía María de la empresa Southern Perú Copper Corporation (SPCC) por temor a posibles daños ambientales.
En agosto de 2014 se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María y el conflicto se reinicia (empezó en 2009), produciéndose graves hechos de violencia. Al estar cerca el vencimiento del plazo de vigencia del EIA, el Gobierno le otorga a la empresa la licencia de construcción. Esta decisión generó protestas en Islay y Arequipa. Pasado un tiempo, a marzo del 2023, Tía María fue considerado en la Cartera de Proyectos de Inversión del Minem, lo cual generó nuevas protestas.
Por ejemplo, el 19 de julio de 2024, sectores de la población de los distritos de Punta Bombón, Deán Valdivia, Mollendo y Cocachacra, a través de una marcha, rechazaron el inicio del proyecto, pues continúa el temor de que afecte la agricultura y el medio ambiente local, especialmente sus recursos hídricos. Pese a ello, el 2 de agosto, el titular del Minem, Rómulo Mucho, sostuvo que el proyecto tiene que materializarse junto con otros proyectos mineros como Michiquillay, La Granja y Galeno.
El segundo conflicto en Arequipa es el Proyecto Majes II. Los ciudadanos de Caylloma reclaman al Ejecutivo y al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) la ejecución de la represa de Angostura, el asfaltado de la vía Vizcachani a Orcopampa y la conformación de un fondo minero. Los actores sociales involucrados son el Frente de Defensa de la provincia de Caylloma, GRA y los ministerios del Ambiente, Transportes y Comunicaciones, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas, y Autodema.
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