Alrededor de 400 trabajadores del área de seguridad de los diferentes establecimientos penitenciarios de la región Puno, iniciaron una huelga nacional indefinida. Ellos exigen la incorporación del personal CAS a la nueva ley publicada en el año 2019, Ley 31139. la destitución del jefe nacional del INPE, Javier Llaque Moya, aumento de remuneraciones, entre otras demandas.
El delegado de la base Puno del Sindicato de Trabajadores del INPE, Isacc Acarapi Estofanero, lamentó que desde el nivel central no se atiendan sus demandas. «Por incapacidad funcional del presidente del INPE estamos en las calles», dijo.
Garantizó la atención de servicios básicos en los diferentes penales, como alimentación, salud y seguridad; sin embargo, se ha suspendido la atención externa. Los internos no podrán recibir las visitas de sus familiares ni de sus abogados, y se truncarían las diligencias programadas por el Poder Judicial.
Advirtió que en caso de no ser escuchados y si no se entabla una mesa de diálogo, radicalizarán las acciones de lucha. «Vamos a ingresar a un paro total, no habrán relevos», advirtió.
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