Un grupo de abogados de Arequipa, con el apoyo de la Coordinadora Político Social, interpondrá en los próximos quince días una acción de amparo contra la transferencia del proyecto Majes Siguas al Ejecutivo nacional. Como se recuerda, este convenio fue suscrito entre el gobernador regional Rohel Sánchez y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero.
De acuerdo a los abogados, la acción de amparo se sustentará en que la transferencia de Majes Siguas al Gobierno central, específicamente al Ministerio de Agricultura, desnaturaliza el proceso de descentralización establecido como política de Estado y reconocido en la Constitución, en la Ley de Bases de Descentralización y Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, lo que es irreversible.
Asimismo, indicaron que el gobernador Sánchez contravino la legislación vigente, ya que el acuerdo regional que aprobó la transferencia no fue publicado en el diario oficial, y estaba en trámite una reconsideración de cuatro consejeros que no fue debatida en el Consejo Regional de Arequipa, y pese a estas omisiones, la autoridad de Arequipa suscribió la transferencia en forma ilegal.
DENUNCIAS
Los profesionales del derecho agregaron que no descartan la posibilidad de interponer denuncias penales contra el gobernador regional y los ocho consejeros regionales que aprobaron la transferencia, ya que su votación a favor del MIDAGRI desnaturaliza su función de representación y obligación de cautelar el patrimonio regional como es el proyecto Majes.
TÍA MARÍA
En el caso del proyecto Tía María, los abogados anunciaron que interpondrían una acción de cumplimiento ante el Poder Judicial contra el gobernador regional, pues años atrás se aprobó una ordenanza regional con la cual se declara e incluye la provincia de Islay como zona ecológica y económica, por lo que es obligación del Gobierno Regional de Arequipa proteger la actividad agrícola y evitar la explotación minera.
Con la acción de cumplimiento, se pretende que el gobernador Rohel Sánchez asuma la obligación de defender la provincia de Islay contra el proyecto minero Tía María, ya que estando vigente una ordenanza regional, no puede rehuir su obligación de cautelar dicha zona ecológica y hacerse el desentendido en este conflicto social.
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