Ayer la Fiscalía de la Nación denunció constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte por el delito de homicidio calificado durante las protestas en contra de su gobierno a finales del 2022 e inicios del 2023. Le atribuyen 44 muertes y 116 heridos.
Al respecto, César Quispe Calsin, abogado de las víctimas del 9 de enero, mencionó que la denuncia recae también contra los exministros Luis Alberto Otárola y Pedro Miguel Angulo (expresidentes del Consejo de Ministros), además de César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, en condición de ministros del Interior, como presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de: Homicidio Calificado, lesiones graves y leves. «(…), Significa que hay elementos de convicción suficientes, por lo tanto, se ha hecho la denuncia constitucional, por lo que en su momento tienen que sentenciarse por homicidio calificado a Boluarte, Otárola y sus ministros (…)», mencionó, al tiempo de resaltar que también se ha formalizado en el caso de Juliaca contra 19 personas.
Respecto al caso de investigación por genocidio que fue archivado indico, «son varios delitos que han cometido, respecto al genocidio han dicho que no va, sin embargo, no hay problema, continúa el delito de homicidio en un contexto de graves violaciones de derechos humanos, eso en el derecho internacional se califica también como delitos de lesa humanidad que no prescribe», refirió.
QUE ES LO QUE SIGUE
Detalló que la denuncia fue presentada ante el Congreso de la República lo que significa que los parlamentarios deben darle viabilidad que concluiría en una vacancia de la mandataria. «El Congreso debe darle trámite, aprobarla y debatir la vacancia, y si no lo hacen están incurriendo no solamente en el delito de omisión de funciones porque en el futuro puede ser denunciados y sentenciados», manifestó.
Finalmente, dijo que este logro se atribuye a las luchas de pueblo, de los familiares de los fallecidos y el equipo de profesionales. «Es una satisfacción, habíamos estado trabajando en esto intensamente, los familiares de los fallecidos están contentos con este logro producto de las luchas», indicó.
Cabe precisar que en el comunicado del Ministerio Público detalla que los hechos imputados están referidos a las protestas sociales de las regiones, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y la Libertad, donde se registraron que 41 personas perdieron la vida por acción de un proyectil de arma de fuego y 3 con golpes por objeto contundente. Además, 116 sufrieron lesiones graves y leves.
Además, 78 ciudadanos fueron heridos por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos. Este saldo data solo desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 9 de febrero del 2023.
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