La comunidad campesina Ollachea, ubicada en el distrito del mismo nombre, provincia de Carabaya, ha iniciado un Proceso de Amparo, en contra del titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho, y el gerente general de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán, Gustavo Garnica Salinas, por omisión de consulta previa en las Concesiones Definitivas de Generación y Transmisión otorgadas por el Minem, para desarrollar actividades en la Central Hidroeléctrica San Gabán II.
Según consta en las resoluciones supremas N° 026-97-EM y 027-97-EM, de fecha 16 de abril de 1997, mediante el cual se otorga la Concesión Definitiva de Transmisión S.E. San Gabán – S.E. Azángaro. Y el Memorándum N° 212-97-EM/DGAA de fecha 3 de marzo de 1997, que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto San Gabán II.
La demanda fue presentada por el presidente de la comunidad, Everhard Bernedo Pari, ante el Primer Juzgado Mixto de la provincia de Carabaya, y en fecha 24 de junio del presente año, mediante Resolución N° 02-2024, fue admitida a trámite, programándose una audiencia virtual para este 30 de julio, a partir de las 10:00 horas, citándose a todas las partes.
Bernedo Pari refiere que se ha omitido el pago de servidumbre del electroducto que pasa por la comunidad, cuya línea de trasmisión eléctrica tiene una extensión de 46 kilómetros de largo y 12 metros para cada lado, es decir, 24 metros que abarca la faja de servidumbre. A pesar de ya tener más de 24 años de funcionamiento, continúa violando el derecho de la comunidad a beneficiarse por la trasmisión eléctrica.
Asimismo, denuncia el despojo de 24 mil 745 hectáreas de terreno por parte del Minem, mediante Resolución Suprema 045-2003-EM, de fecha 11 de diciembre de 2003. Este terreno incluso fue tasado por la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN), conforme a la Tasación 003-2002/SBN-JAR, por el valor de 74 mil 235 dólares, pero dicho dinero nunca llegó a la comunidad.
“Nosotros somos una comunidad reconocida desde el 22 de junio de 1974 y hemos cedido solamente cinco hectáreas de terreno a cambio de puestos de trabajo”, dijo.
Ahora exigen la restitución de daños y una indemnización de ocho millones de soles, dado los antecedentes con la Hidroeléctrica San Gabán III, que ocupa un similar espacio de terreno de la comunidad y por el que pagó un monto similar, que fue distribuido entre los aproximadamente 720 comuneros.
Dijo que están prestos al diálogo y a pesar de haber pasado más de 20 años, exigen el respeto de sus derechos y el cumplimiento de la consulta previa.
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