Puno: ¿Irregularidades en la Beneficencia?

Puno: ¿Irregularidades en la Beneficencia?

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¿Irregularidades en la Beneficencia de Puno?¿Irregularidades en la Beneficencia de Puno?

El gerente general de la Sociedad de Beneficencia de Puno, Héctor Aquino Arias, renunció a su cargo por procedimientos administrativos irregulares y presión de la presidenta del directorio, Marylin Lanza Arocutipa; sin embargo, el directorio se reunió y terminó destituyéndolo.

Entre estas presuntas anomalías denuncia el despido del director de Infraestructura y Mantenimiento, Rubén Coaquira Cueva, en fecha 11 de julio de este año, el mismo día en el que el jefe de Personal, Juan Flores, le expide el Memorándum 189-2024-SBP-JP, autorizándole el uso de sus vacaciones por 16 días, debiendo retornar a laborar el 28 de julio de 2024, o primer día hábil laborable.

Nos comunicamos con Héctor Aquino, para conocer más detalles, pero cortó el teléfono. Sin embargo, aunque apurada y sin querer dar mayor detalle, la presidenta del directorio, Marylin Lanza, respondió que la destitución de Rubén Coaquira fue a raíz de una evaluación. “Estos son cargos de confianza y todo está en constante evaluación. Se le ha dado las gracias por los servicios prestados cuando él estaba presente en la institución”, dijo.

Respecto a la destitución de Héctor Aquino, señaló que en sesión extraordinaria pone su cargo a disposición de manera verbal. El directorio continúa sesionando, pero en una intervención, se ofusca y ratifica su renuncia. Los miembros al cuestionar su actitud lo destituyen, según constaría en un acta y audio.

Nos enteramos también que el directorio de la Beneficencia partió ayer (domingo) a Huancayo, a una pasantía, pero la presidenta no quiso dar el número de la resolución ni el motivo del viaje, atinando a decir que le estaban exigiendo en el avión que se abroche el cinturón y debía apagar el teléfono.

Sobre Lanza Arocutipa, el Tribunal de Contrataciones del Estado dictó el 30 de abril de 2019, mediante Resolución 0898-2019-TCE-S4, una orden de inhabilitación por siete meses para no contratar con el Estado, al encontrarla responsable, junto a otros dos funcionarios, de haber ocasionado la resolución de un contrato en la comuna de San Román, por 87 mil soles.

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