La población aymara del distrito de Acora (Puno) muestran una enorme preocupación por el Concurso Público21-2023-CS/GR PUNO para la contratación de la empresa que prepare y coloque la carpeta asfáltica del tramo Phutini-Jayu Jayu, en el anillo circunlacustre Lago Sagrado de los Incas. Actualmente, la base granular terminada se está malogrando y urge la imprimación.
Ayer sostuvieron una reunión dando a conocer que el Gobierno Regional de Puno (GRP), pondría obstáculos para no suscribir el contrato, a pesar de que el Comité de Selección entregó la buena pro el 24 de mayo al Consorcio Vial Puno, por y el consentimiento cuatro días después.
Los líderes aymaras esperan hoy a las 10:00 horas en el centro poblado de Villa Socca (Acora), al gobernador regional, Richard Hancco, a quien indican entregarían un informe que da luz verde a la contratación, desvirtuando las observaciones que hiciera el gerente general, Oscar Macedo Cárdenas. Consultado si iría, el titular regional dijo que no.
Se trata del informe 01-2024-GR donde el especialista en Procesos de la Oficina de Abastecimientos del GRP, Edwin Llano, concluye en la “conservación del acto”, alcanzando como jurisprudencia la Resolución 0382-2022-TCE, del Tribunal de Contrataciones del OSCE.
Macedo Cárdenas indicó que implementó una fiscalización en el marco del “principio de desconfianza”. De acuerdo a las bases integradas, el postor debió acreditar su experiencia en la especialidad con “contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad o constancia de prestación, o comprobantes u órdenes de pago cuya cancelación se acredita documentalmente…”.
COMITÉ AUTÓNOMO
El informe arriba descrito, precisa de que los comités de selección son autónomos en sus decisiones y que “los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoría”.
EXPERIENCIA VÁLIDA
El especialista en Contrataciones concluye que “la experiencia del postor es válida” por cuanto cada entidad tiene sus formas de otorgamiento de constancias “siendo los formatos del OSCE referenciales y opcionales”. Finalmente, opina que “se debe conservar el acto, teniendo en consideración que la observación realizada sobre la acreditación, se aclara mediante acto resolutivo del Tribunal de Contrataciones”.
Ayer entrevistamos al gerente general, quien refirió que si bien existía este informe, estaba a la espera del Informe de Asesoría Jurídica, y que tomará la decisión de firmar o no el contrato, entre martes o miércoles.
El funcionario admitió que dicho informe le llegó el 27 de junio (tiene sello de 25 de junio) y dijo que le derivó a Asesoría Jurídica y dejó entrever que la opinión podría ser diferente a la del especialista de contrataciones.
EL GRAN TEMOR
Los aymaras temen que al no suscribir el contrato en el plazo de ley, la empresa podría rehuirse a la firma y notificar al OSCE para que sancionen al GRP. De hacerlo, el proceso se anularía y no podría ser convocado este año.
Y es que el artículo 136.2 de la Ley de Contrataciones establece que, «la Entidad no puede negarse a contratar, salvo por razones de recorte presupuestal…, por norma expresa o por desaparición de la necesidad, debidamente acreditada. La negativa a hacerlo basada en otros motivos, genera responsabilidad funcional en el Titular de la Entidad y el servidor al que se le hubieran delegado las facultades para perfeccionar el contrato. Esta situación implica la imposibilidad de convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuestal, salvo
que la causal sea la falta de presupuesto.».
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