Bajo la excusa de que no se sentencie a “octogenarios” que perpetraron abusos durante el periodo de conflicto armado interno que se vivió en el Perú entre los años 1980 y 2000; el Congreso de la República aprobó una nueva norma que plantea precisar la aplicación y los alcances respecto a los delitos de lesa humanidad.

La norma ha sido concebida como una nueva ‘Ley de amnistía’ que plantea eximir de responsabilidad a militares y policías procesados por delitos de violaciones de derechos humanos, cuyos procesos han sido concebidos por la Fiscalía como crímenes de lesa humanidad.

En el dictamen, el Congreso plantea que “se declare la prescripción de los procesos”, e incluso detalla que esta medida se aplique “cualquiera sea su estado”, a fin de abarcar la mayor cantidad de procesos, con sentencia o sin ella que se hayan iniciado contra militares y miembros de la policía nacional del Perú de antes del 2002. Y es que la tipificación de delito de lesa humanidad es usada por el Ministerio Público para que delitos como la tortura, la desaparición forzada y el homicidio calificado no prescriban. Con esta norma, sentenciados, procesados e investigados de antes del 2002 pueden solicitar el archivo por prescripción.

Como se sabe, hasta antes de esta fecha, la mayoría de los delitos señalados como violaciones a derechos humanos y tipificados por el Ministerio Público como delitos de lesa humanidad, provenían de matanzas militares y grupos paramilitares bajo órdenes del Gobierno de Alberto Fujimori y su secretario, Vladimiro Montesinos. De hecho, ambos exfuncionarios se encuentran enfrentando procesos judiciales y condenas por estos mismos delitos, al ser considerados autores mediatos.

La congresista Ruth Luque señaló este hecho durante su intervención, en la que acotó que “esta es una ley de amnistía encubierta para proteger a violadores de derechos humanos (…) y lo dice claramente el artículo 8, donde se está planteando la irretroactividad de estos casos. Es una ley de amnistía para favorecer a violadores a derechos humanos que han sido condenados por el sistema de justicia peruano”.

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