La Procuraduría General del Estado (PGE) ha formulado denuncia penal contra el gerente general de la Municipalidad Distrital de Acora (MDA), Abel Carlos Huarcaya Montaño, por el presunto delito de usurpación de funciones. Los cargos se extienden a los que resulten responsables y alcanzarían al alcalde, Hernán Crisisto Aycaya y otros funcionarios.
Sin Fronteras accedió a la denuncia sustentada en 56 páginas, dirigida a la Fiscalía Provincial Mixta de Turno de Acora, expedida a nombre de la procuradora de la PGE, Carmen Joaquín Abanto, fechada el último 2 de mayo, día en que coincidentemente dicho distrito estaba de fiesta al celebrar su 170° aniversario.
La sumilla del documento «Formulo denuncia penal» precisa a quien corresponda «con grado de urgencia el acuse de recibo de la referida denuncia interpuesta. Asimismo, una vez registrada se solicita brindar datos del número de carpeta fiscal y despacho asignado».
Con ello, el despacho fiscal está conminado a levantar cargos por haber separado ilegalmente del cargo al procurador, Gustavo Ramón López Llanos, cuando de acuerdo a la ley, no les correspondía.
SANCIÓN «TRUCHA»
El 18 de enero de este año, el aludido gerente municipal, como responsable del Órgano Sancionador de Procesos Administrativos Disciplinarios (PAD) de la MDA, emitió la Resolución Gerencial 014-2024, destituyendo del cargo al referido procurador municipal, imputándole una pluralidad de hechos graves: faltas injustificadas por más de 3 días consecutivos, incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo, e incurrir en acto de violencia (psicológica), faltamiento de palabra en agravio de los compañeros de labor.
Hay que mencionar, que posterior a ello, la PGE exhortó al alcalde distrital, que deje sin efecto dicha destitución, hecho que la autoridad desestimó. Por esta renuencia, la autoridad edil también sería procesada.
La Ley 31433, norma que modifica la Ley 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades-, y señala que los procuradores son nombrados y de ser el caso destituidos por la PGE.
En ese sentido, el 01 de marzo de 2024, con Oficio D000226-2024, dirigido al burgomaestre Crisisto Aycaya, la PGE lo conmina a adoptar medidas correctivas respecto de la irregular destitución del procurador López Llanos. «Se le exhorta a su despacho declarar la nulidad de oficio de la Resolución Gerencial 014-2024 por contravenir al Decreto Legislativo 1326 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 18-2019, cautelando con ello que se preserve la defensa jurídica del Estado».
REPRESALIAS
Además, el proceso administrativo que la MDA impulsó de manera ágil contra el procurador, vulneró el debido procedimiento, puesto que dieron por hechos algunas conjeturas. Por ejemplo, la denuncia por violencia psicológica efectuada por una trabajadora allegada a la alcaldía fue archivada por la Fiscalía, y las supuestas faltas consecutivas ni siquiera tuvieron sustento. A pesar de ello, las impugnaciones de López Llanos fueron desestimadas.
Lo que ha quedado claro es que la destitución se dio tras graves denuncias penales que el procurador hiciera contra el alcalde y sus funcionarios. Estas eran por el «Grifo clandestino» que funcionaba dentro del depósito municipal de Acora», por la supuesta entrega de cervezas del burgomaestre a autoridades comunales, y por presunto tráfico de influencias del alcalde al haber designado a uno de los testigos de su matrimonio en una subgerencia.
Según un alto funcionario que aún se mantiene en el cargo, el procurador se convirtió en una «piedra en el zapato» de la gestión edil y había que retirarlo.
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