A través de la sentencia de vista N° 08- 2024, el segundo Juzgado Civil – Sede Juliaca, ratificó la sentencia de primera instancia contenida en resolución N° 19, del 20 de setiembre del 2023, y declara infundada la apelación interpuesta por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Gobierno Regional de Puno (GRP), y la Municipalidad Provincial de San Román (MPSR).
ANTECEDENTES
Como se sabe, en el año 2017 los pobladores de la cuenca Coata, Dionisio Barreda y Brígida Curo, presentaron una demanda de acción de amparo en contra de las referidas entidades, por la contaminación de las aguas que consumen, que han provocado graves daños en la salud de sus habitantes y de sus animales.
Es así que luego de 6 años de lucha, finalmente el juez del Segundo Juzgado Civil de San Román-Juliaca, Andrés Carita Quispe, emitió la sentencia N° 183, que los responsabiliza por las condiciones insalubres e indignas que sufren los pobladores de varios distritos como Capachica, Caracoto, Coata, Huata, Paucarcolla y la bahía del lago Titicaca.
En ese entonces el juez ordenó a estas entidades tomar medidas urgentes, sin embargo, apelaron, negando así su responsabilidad en la situación.
LES ORDENAN
En ese sentido, en la resolución N°33, de fecha 21 de marzo del 2024, ordenan a las entidades del Estado mencionadas antes, que incluyen a SEDA Juliaca y la Dirección Regional de Salud (Diresa), lo siguiente:
A la MPSR y SEDA Juliaca que en 30 días implemente un sistema de tratamiento y potabilización de agua idóneo para el consumo humano; además suspender inmediatamente el vertimiento de aguas servidas sin ningún tipo de tratamiento o con deficiente tratamiento de cuerpos de agua del río Torococha.
Al MVCS, y la MPSR, la construcción de una planta de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en la provincia de San Román, la misma que deberá iniciar en un plazo de 30 días calendario, además informar documentadamente del avance en ese plazo, todo ello bajo apercibimiento.
Al MVCS, a adoptar medidas inmediatas destinadas a la implementación para el tratamiento de aguas servidas.
A la Diresa la suspensión de vertimiento de residuos sólidos biológicos hospitalarios en los ríos Coata y Torococha.
Al MVCS, la MPSR el GRP, la implementación de servicios esenciales de agua a favor de la población de Juliaca, Coata, Huata, Capachica y Caracoto en un plazo célere,
A la Diresa, GRP y la MPSR atención médica especializada inmediata.
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
Al respecto, Vito Calderón, de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), mencionó que las órdenes que da el Poder Judicial son claras y en caso de que no sean cumplidas habrían sanciones drásticas, además de la presión social, teniendo en cuenta la ratificación de la sentencia.
«Considerando que se ratificó en segunda instancia, la población empezaría con las movilizarse para que se cumpla. Estaremos pendientes, si no se cumple iremos a un proceso de cumplimiento, o sea obligaremos a que cumplan», advirtió.
Comentarios de Facebook