El pasado viernes los congresistas de la bancada de Fuerza Popular presentaron un proyecto de ley que plantea que quede prohibido para los fiscales y jueces solicitar y dictar mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva (…), bajo responsabilidad funcional», contra policías que causen «lesión o muerte» en el ejercicio de sus funciones, este hecho ha provocado diversas reacciones. Al respecto, el abogado César Quispe Calsín, quien lleva el caso de las víctimas del fatídico 9 de enero del 2023, cuestionó duramente este proyecto de ley.
“Ese proyecto de ley es abiertamente inconstitucional, es decir, este Congreso actual no solo se está saltando todo el orden constitucional peruano, sino que está haciendo añicos de nuestra reputación como país democrático que en estos últimos 20 años está intentando construir una vida democrática endeble, pero al menos es una magra democracia, pero con este tipo de ley nos estamos convirtiendo en una república bananera, donde el Congreso de la República ejerce una dictadura, con eso solo hacen que la Policía podría disparar y con esa ley cubrirse y que ningún policía podría tener una detención preliminar ni prisión preventiva”, señaló el abogado.
“El fujimorismo está desesperado, porque cualquier delito que cometiera un policía, ellos tratan de llamar en cumplimiento de sus funciones, pero no es así, si es que se aprobara esta ley lo que cometen son delitos de lesa humanidad, en la época de Fujimori sacaban leyes que amnistiaban a sus policías”, indicó Quispe Calsín.
Para el abogado, esta ley tiene como objetivo blindar a los policías que cometen delitos de lesa humanidad.
“Cuando una ley es inconstitucional, un juez o un fiscal en su interpretación, invocaría a las normas supranacionales que son vinculantes al derecho peruano y esa ley beneficiaría a los policías que piensan que pueden estar por encima de la Constitución, que pueden hacer uso de la fuerza cuando les dé la regalada gana”, comentó.
Para César Quispe, de aprobarse esta ley, tendría que existir la participación de los colegios profesionales, lamentablemente cuestionó la labor del defensor del pueblo.
“Están llamados los colegios profesionales, con mayor razón el Colegio de Abogados para que se pronuncien, y si lo aprueban de inmediato demandar constitucionalmente ante el Tribunal Constitucional, sería bueno que la Defensoría del Pueblo pueda intervenir, aunque poco podemos esperar de esta dependencia”, sentenció.
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