Alcaldes de la ciudad se reunieron de emergencia en la sede de la municipalidad metropolitana de Arequipa.Alcaldes de la ciudad se reunieron de emergencia en la sede de la municipalidad metropolitana de Arequipa.

El asesinato de dos jóvenes ocurrido el último jueves en José Luis Bustamante y Rivero, el cual habría sido cometido por sicarios extranjeros debido a cobro de cupos, propició que el alcalde Víctor Hugo Rivera convocara a una reunión de urgencia a sus pares distritales para reafirmar el pedido de emergencia de la provincia de Arequipa.

Frente a este llamado, los alcaldes se reunieron desde las 8:30 horas en el hemiciclo de la comuna de Arequipa a fin de suscribir una solicitud que será remitida al Ejecutivo para su aprobación.
En el documento especifican que la declaratoria de emergencia debe ir acompañada de un enfoque integral acorde a la realidad de la ciudad para contrarrestar los hechos de violencia, como extorsiones, estafas, robos y homicidios, que vienen ocurriendo en Arequipa metropolitana.

Asimismo, demandan mayores recursos económicos para fortalecer la capacidad operativa y logística de la Policía, el serenazgo municipal, los sistemas de inteligencia y todas aquellas instituciones que prevengan y combatan la criminalidad. En esa línea, señalan que es imperioso reforzar el Poder Judicial y el Ministerio Público, pues son instituciones fundamentales en la administración de la justicia.

También, los alcaldes arequipeños exigen un mejor control de los ciudadanos extranjeros que permanecen en el territorio peruano en condición de ilegales. Además, solicitaron de urgencia al Ejecutivo una reunión con la mandataria Dina Boluarte y sus ministros, pues es de vital importancia hacerles conocer la situación de Arequipa para que puedan atender la solicitud de emergencia.

Por su parte, Rivera indicó que los burgomaestres se han comprometido a intensificar la fiscalización en sus jurisdicciones, sobre todo en locales dedicados a la venta de bebidas alcohólicas y diversión nocturna.

En paralelo, articularán con gremios empresariales, juntas vecinales y demás actores de la sociedad estrategias para afrontar la criminalidad, que amenaza la institucionalidad y el sistema democrático.

Durante la cita, todos los alcaldes participaron y dieron su punto de vista. Por ejemplo, el edil de Sachaca, Renzo Salas, refirió que se debe emitir una ordenanza donde solo se permita la circulación de una persona por motocicleta. De incurrir en la prohibición, la Policía deberá intervenir la unidad y sancionar la falta. Asimismo, se desarrollaría un control de identidad.

En tanto, la alcaldesa de Yura, Mirtha Ruelas, propuso que se incrementen los operativos por parte de los efectivos policiales par identificar a los ciudadanos que no respetan las leyes. A modo de brindar apoyo a los policías, Ruelas indicó que está dispuesta a poner a su disposición siete camionetas de Seguridad Ciudadana con las que cuenta su distrito.

En tanto, el alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, propuso a sus pares la creación de un comando contra la delincuencia. Estaría conformado por tres alcaldes, quienes se dedicarían a identificar las deficiencias de seguridad en los distritos. Con Así se podría fortalecer las estrategias contra la criminalidad.

CONGRESISTA

Por su parte, el congresista por Arequipa Edwin Martínez Talavera, quien participó en la reunión, pues se encuentra en la semana de representación, señaló que la culpa del ingreso indiscriminado de extranjeros al país, específicamente de venezolanos, es responsabilidad de los anteriores presidentes del país. Es decir de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti.

La responsabilidad también alcanza a Pedro Castillo, ya que en su mandato no cumplió con la promesa de echar a los extranjeros que cometan delitos en el Perú. La actual presidenta Dina Boluarte también es responsable, según Martínez, pues hasta la fecha no emite el reglamento que norma la expulsión de extranjeros.

«Nadie ha tenido los huevos para botar a los malos extranjeros y decirles fuera mierd… Los expresidentes no tienen los cojones para sacar a esos miserables. El Congreso no tiene competencias en dicho tema, por eso es que no puede hacer nada, pero los entes involucrados son unos blandengues», refirió.

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