El abogado de las víctimas y mártires del 9 de enero, César Quispe Calsin, informó que la tarde del último miércoles fue notificado por la Fiscalía dando cuenta que por primera vez durante el proceso de investigación por muerte de 18 ciudadanos, se iniciará con las declaraciones de miembros del Ejército peruano.
«Se tiene cinco investigados, parte de la cadena de mando, tanto del Ejército y de la Policía, ayer (miércoles), fuimos notificados y por primera vez este mes de enero van a declarar los miembros del Ejército, los de la Policía iniciaron en julio, sin embargo, con cambios se había paralizado, pero continuarán», señaló.
Este hecho fue calificado por el letrado como un gran avance considerando que en Juliaca se ha cambiado más de 5 fiscales en el caso, hecho que no permitió gran avance.
«Este primer año con la carpeta 23 terminamos con cinco fiscales, cada fiscal que se cambiaba se tomaba meses para conocer y estudiar el caso por lo que se perdió más de la mitad de este primer año, entonces eso es calificado como entorpecimiento por parte de la exfiscal Patricia Benavides (…), tenían una clara intención de buscar impunidad», mencionó.
Además, Quispe Calsin detalló que el proceso de investigación se realizará en los siguientes meses.
«Los plazos de investigación será 8 más 8, es decir los próximos cuatro meses serán de gran trabajo en las diligencias, esperamos seguir avanzando no solo con cinco investigados ya que la cadena de mando es muy grande (…), estamos, sin duda, caminando con pies de plomo por la investigación e investigación de la fiscal de la nación, esperamos que con el nuevo fiscal no haya más cambios como lo hizo Patricia Benavides», manifestó.
CARPETAS EN LIMA
Agregó que las carpetas del caso a la fecha se encuentran en Lima.
«En enero y febrero se encontraban en la región Puno, en marzo, abril y mayo en la Fiscalía de Derechos Humanos en Juliaca, de junio en adelante hasta la actualidad con dos cambios de fiscales dentro del equipo especial se encuentra en Lima, nos referimos a la carpeta 23», mencionó.
Referente a la carpeta numero 277 donde se incluye a la presidenta Dina Boluarte, al premier Alberto Otarola y ministros, además se incluye las muertes registradas en Puno y otras regiones del país, se encuentra en la Fiscalía de la Nación. «En muchos casos las diligencia se hacen vía virtual», dijo.
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