El abogado Rolando Jiménez Sardón, manifestó que la promulgación del Decreto Legislativo N.° 1589 se busca básicamente criminalizar las protestas sociales.
Cabe indicar que ayer el Ejecutivo promulgó tal disposición que establece penas de hasta 15 años de prisión por el delito de disturbios, así como para quienes atenten contra la integridad y la vida de las personas o la propiedad pública o privada y colaboren en actos que entorpezcan o causen graves daños a las infraestructuras del país.
Indicó que lo riesgoso de la normativa es que debido a que cualquier persona que salga a protestar bloqueando una vía de tránsito va a ser sancionado con una pena no menor de 10 y no mayor de 15 años de pena privativa de libertad.
«Tenemos dos hechos determinantes que se viene presentando…se está judicializando la política y se está politizando la justicia», manifestó Jiménez.
Además, indicó que lamentablemente el Poder Ejecutivo está aprovechando de mala manera la delegación de funciones dispuesta por el Congreso de la República. Asimismo indicó que se debe buscar que tal decreto sea declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
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