Luego de que una delegación de tres representantes de las víctimas rindió su testimonio en Washington D. C., EE. UU., sobre los hechos ocurridos tras la asunción de Dina Boluarte, como presidenta del Perú, César Quispe Calsin, abogado de la Asociación de Víctimas y Heridos del 9 de Enero de Juliaca, señaló que el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), será en unos días, por lo cual los abogados de las víctimas y deudos esperan resultados positivos.
En ese sentido, mencionó que la CIDH podría sancionar al Perú y presionarlo para que sus autoridades realicen investigaciones responsables tras las muertes ocurridas en las protestas a fines del 2022 y 2023 en el país.
Agregó que, existen medios probatorios suficientes que acreditan que el país no cumple con las recomendaciones realizadas por el organismo internacional.
Por ello presume que se iniciará una investigación en la CIDH para que se den las sanciones correspondientes.
En otro momento, cuestionó que, a la fecha, la Fiscalía de la Nación cambió a los fiscales hasta en cinco oportunidades. «Durante esos cambios no se realizaron diligencias importantes», manifestó.
Finalmente, cuestionó la actitud del embajador de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén, quien culpó a ciudadanos por las lamentables muertes durante las protestas sociales.
«Un funcionario del Estado peruano que en plena entrevista en Washington protagonizó un bochornoso incidente que son prueba de la poca intención que tienen las autoridades del país en dar justicia», dijo.
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