A través del informe de Auditoría de Cumplimiento N° 21972-2023-CG/APP-AC, la Contraloría identificó un perjuicio económico al Estado por más de US$ 1 millón 130 mil por el incumplimiento del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac Juliaca, por lo que se vienen investigando a 19 funcionarios con presunta responsabilidad civil y administrativa.
PRESUNTOS RESPONSABLES
Según detalla el informe, existe la presunta responsabilidad civil y administrativa de 12 funcionarios del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) mientras que por el segundo hecho existe la presunta responsabilidad administrativa de 5 funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 3 funcionarios del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y 1 funcionario de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac).
En los referidos casos se detectó la falta de diligencia de los funcionarios y servidores involucrados tanto en la revisión y aprobación de los planes de mantenimiento de la pista de aterrizaje que incumplían la frecuencia establecida en el Contrato de Concesión, y por el incumplimiento de los plazos para emitir pronunciamiento sobre el expediente técnico de la obra de rehabilitación.
EJECUCIÓN INCORRECTA
Agrega que la pérdida surge a raíz de los pagos realizados al concesionario por el mantenimiento rutinario del pavimento, pintura y drenaje de la pista de aterrizaje durante 11 años (2011 al 2022), pese a que no se ejecutó de acuerdo al citado contrato y por la inaplicación de penalidades y sanciones.
Agrega que Ositran, como ente regulador, no cauteló que los planes de mantenimiento rutinario del aeropuerto ocasionando que el concesionario ejecute dicho mantenimiento con una frecuencia menor a la establecida contractualmente.
La actuación del Ositran impidió que se le aplique al concesionario penalidades y sanciones por la inejecución del referido mantenimiento, generando además otro perjuicio económico al Estado por un monto estimado de US$ 1 121 741 al otorgar la conformidad a un plan que incumplía con el citado contrato.
La auditoría advirtió también la postergación hasta el año 2035 de las obras necesarias para que el aeropuerto de Juliaca cuente con el ancho de la franja de la pista y las áreas de seguridad de extremo de pista, conforme a la regulación aeronáutica del Perú.
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