La Fiscalía boliviana ha acusado formalmente a la expresidenta Jeanine Áñez, a tres de sus ministros y a decenas de jefes militares, entre ellos los excomandantes de las tres Fuerzas Armadas, por las masacres de Sacaba y Senkata, y pidió la máxima pena de 30 años de prisión para ella y todos los demás acusados.
Durante las protestas murieron 20 personas en noviembre de 2019, durante el Gobierno interino que Áñez dirigió tras el derrocamiento de Evo Morales.
El fiscal general, Juan Lanchipa, afirmó en una rueda de prensa que Áñez ordenó la represión militar y policial de las protestas en contra de su Gobierno incumpliendo “los principios de necesidad, proporcionalidad, discriminación, racionalidad” que deben seguir las actuación del Estado ante una amenaza a la paz social. La acusación señala que se usó “armas y municiones de guerra, vehículos mecanizados blindados y otros, contra de manifestantes civiles desarmados”.
Explicó que la Fiscalía tiene pruebas de que Áñez estuvo en contacto con el mando militar y policial en el mismo momento de las operaciones, por lo que presume que estuvo en control de las mismas.
También han sido acusados los ministros de Gobierno, Arturo Murillo; Defensa, Luis Fernando López e Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, y los militares con mando en la represión.
CASO SIMILAR
En el Perú, la presidenta Dina Boluarte, también ostenta los mismos cargos, con la diferencia que la represión ha cobrado la vida de 49 peruanos.
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