En aplicación del Decreto Legislativo 1578, recientemente promulgado, quien vende celulares robados o los desensambla para utilizar sus partes en otros equipos, podría ser sancionado hasta con cuatro años de cárcel efectiva al configurarse el delito de receptación.
Así lo afirmó el juez de investigación preparatoria especializado en flagrancia del Callao, Reneé Quispe Silva, al explicar los alcances del referido decreto.
“El nuevo decreto modifica el delito de receptación y señala que quien expone para la venta teléfonos celulares robados o hurtados, puede ser sancionado por delito de receptación. Asimismo, quien los desensambla o utiliza sus partes, chip o batería, en otro equipo, de por sí es considerado como receptación”, señaló.
Quispe agregó que el mencionado decreto incorpora la circunstancia específica de que ahora el robo de un celular empleando violencia o amenaza, constituye robo agravado, lo que significaría una condena de hasta 30 años de cárcel.
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