La mañana de ayer, los representantes de la Contraloría General se presentaron en la sala de audiencias de la sede del Tribunal Constitucional (TC) en Arequipa para abogar por el Ley 31288, que aplica sanciones firmes para los casos de corrupción e inconducta funcional en las entidades públicas, mediante la capacidad sancionadora del órgano de control.
Este proceso se realiza debido a la demanda de inconstitucionalidad de la mencionada norma que fue presentada por el Poder Ejecutivo, el 26 de julio del 2021.
El pleno del TC, presidido por Francisco Morales Saravia, escuchó los informes orales de la demanda; asimismo, los argumentos en favor de la ley por parte de los representantes del órgano de control nacional.
“Cuestionan que estas conductas infractoras estarían redactadas de manera genérica, vaga e imprecisa. Hemos demostrado que esta afirmación es inexacta”, mencionó el procurador de la Contraloría, Amado Enco, tras el término de la audiencia.
Enco indicó que si se declara inconstitucional la Ley, alrededor de 872 funcionarios públicos que están sujetos a procedimientos administrativos por casos de corrupción o inconducta, podrían no ser sancionados.
“Si se declara inconstitucional, todos estos casos van a quedar en archivo. Se daría un mensaje desalentador en la lucha contra la corrupción”, agregó.
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