El 20 de marzo, una turba de personas inescrupulosas azuzados por traficantes de tierras, tomaron parte de la pampa ubicada en los límites de Atuncolla (Puno) y Caracoto (San Román), a un costado de la carretera Puno – Juliaca. A los días convocaron una rueda de prensa y dijeron ser pobladores de la Comunidad San Salvador de Ccotos que recuperaban sus tierras.
La Fiscalía que fue impedida de realizar constataciones, luego descubriría que eso no era cierto. Sin Fronteras lo corroboró en la Oficina de Comunidades Campesinas de la Dirección Regional Agraria Puno (DRAP), que respondió que no existía tal comunidad, muchos menos en esas coordenadas.
SU COARTADA
Tras verse descubiertos, la estrategia de los invasores fue buscar a como dé lugar ese reconocimiento, de modo que iniciaron gestiones para inscribir esos predios invadidos como una comunidad.
El 8 de mayo de este año, Simeón Mamani Quispe, líder de la seudocomunidad, buscó el reconocimiento para que sus socios sean considerados comuneros para justificar la ilegal posesión del terreno de unas 200 hectáreas.
Entonces, presentó un expediente a la DRAP con el objetivo de que se reconozca a la presunta comunidad de San Salvador de Ccotos.
NO LO LOGRARON
Al analizar sus documentos, mediante la resolución Directoral 000558, el titular de la DRAP, Nilton Pérez Smith, rechazó su pretensión. El 24 de julio concluyó que el expediente presentado por Simeón Quispe no cumple con la Ley N° 24656 – Ley de Comunidades Campesinas.
COMUNIDAD FANTASMA
El documento al que accedió este medio, indica que Simeón Quispe no adjuntó constancias que indiquen la posesión del territorio comunal otorgado por el órgano competente en materia agraria, tampoco demostraron tener una posesión continua y pacífica. En otras palabras son una «comunidad fantasma».
Cabe mencionar, que para la existencia de una comunidad campesina debe poseer tres elementos constitutivos: Población, territorio y capacidad jurídica. Los invasores no acreditan su existencia; los pocos que figuran como comuneros no son de la zona, tampoco habitan ni poseen este territorio en forma directa, pacífica, permanente ni pública.
Trataron de sustentar la posesión de esas tierras, y el 2 de marzo pagaron el autoavalúo por 100 hectáreas ante la Municipalidad de Atuncolla, pero la seudocomunidad había requerido ante la DRAP que San Salvador de Ccotos tenía 500 hectáreas. Por esa inconsistencia, el 1 de junio la comuna anuló ese pago.
PEDIDO DE PRISIÓN
El próximo 17 de agosto se realizará la audiencia de prisión preventiva requerida contra los líderes de los supuestos invasores. La Segunda Fiscalía Penal Corporativa de San Román, que despacha Adley Montes de Oca, pidió 18 meses de cárcel y fundamentó el requerimiento con documentación, audios, videos, testimonios y las propias declaraciones de los 9 imputados.
ALCALDE EN LA MIRA
El alcalde Gregorio Machaca Vilca, también está denunciado como instigador y se tiene un audio con su voz donde azuzaría a los invasores a tomar las tierras a pesar de lo que disponga el fiscal o juez.
DESTROZOS
El 17 de julio, un grupo de pobladores de la empresa comunal Los Ángeles de Buena Vista, destruyeron gran parte de las casuchas en los terrenos invadidos.
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