El Gobierno extendió el estado de emergencia vigente en la región Puno por 60 días contados desde mañana martes hasta el 5 de agosto. Con esta medida ya son siete meses que se restringen los derechos fundamentales tras las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.
Ayer se publicó el decreto supremo firmado por la mandataria, del premier Alberto Otárola; del ministro de Defensa, Jorge Chávez; del Interior, Vicente Romero; y de Justicia, Daniel Maurate.
Según indican los considerandos, la emergencia se sustenta por informes Técnico Operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y del Comandante General de la PNP que «sustenta la necesidad de prorrogar el estado de emergencia declarado en el departamento de Puno».
En base a ello, se establece que el «control del orden interno» continuará a cargo de las FF.AA. «incorporando a la Policía para el logro de dicho objetivo». «La planificación, organización, dirección y conducción de las acciones u operaciones militares serán ejecutadas bajo un Comando Unificado».
La emergencia estará orientada a «la protección de los Activos Críticos Nacionales» y «la protección a instituciones públicas o privadas y/o instalaciones estratégicas vinculadas con la explotación o transporte de recursos naturales y/o vías».
DÍA DE LA BANDERA
Con esta decisión se establece que los dirigentes y pueblo puneño no realicen actividades o reuniones, y tácitamente los militares y policías son los que dirigirían los izamientos por el Día de la Bandera.
Los pueblos quechuas y aymaras han decidido que en vez de la bicolor, llevarán banderas blanco y negro en señal de duelo por los asesinatos en las protestas.
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