La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, Consuelo Contreras, anunció este miércoles que por ahora no se programan más vuelos humanitarios para trasladar a migrantes desde Arica a Venezuela.
Precisó que el viaje del último domingo fue organizado por dicho país con el Estado chileno tras el envío de un avión por parte del Gobierno venezolano para la repatriación de sus ciudadanos.
La funcionaria sostuvo que el Gobierno chileno anunció que si se programan nuevos vuelos, estos no saldrán de Arica para evitar que los migrantes sigan llegando a la frontera. Precisó que tendrán que partir de las ciudades en las que se encuentran los extranjeros, ya que el problema de la crisis migratoria no se resuelve instalándose en la frontera, lo que calificó de peligroso.
“Nosotros esperamos que no sigan viniendo, lo que más se requiere es que las personas dejen de estar así”, indicó a la vez de agregar que los migrantes requieren de acceso a los servicios públicos y el equipo de Derechos Humanos constató en el terreno la falta de acceso a la información para las personas que desean regresar a su país de origen.
“Falta información clara respecto de varios requisitos para ingresar al Perú, cuáles son los trámites para regularizar su documentación. Por eso es importante que las oficinas de Migraciones de Perú y Chile entreguen una cartilla de información”, declaró a la prensa Contreras, quien destacó que el Gobierno chileno instaló en la frontera oficinas de Registro Civil y Migraciones para facilitar la salida de los extranjeros varados.
Respecto de la situación de los migrantes en el campamento fronterizo temporal, señaló que hay vulneración de los derechos de libre tránsito y acceso a servicio de saneamiento, salud, educación y protección de los niños.
“Hay niveles de riesgo. Si bien reciben alimentación, les falta luminarias, porque en la noche el lugar es oscuro, y por lo tanto hay un problema con la seguridad de las personas”, advirtió.
Agregó que además se reportan problemas sanitarios por la falta de acceso a atención especializada y al agua potable.
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