Esta semana, la gerencia municipal de la comuna provincial de Arequipa, a cargo de José Augusto Arce, deberá remitir la información solicitada por la regidora provincial Mayra Sumari Laura, respecto a la contratación de la exjefa de campaña del alcalde Víctor Hugo Rivera en el municipio. De lo contrario, la funcionaria informó que procederá por la vía legal debido al entorpecimiento de su función fiscalizadora y por omisión de funciones.
La ingeniera electrónica Éricka Copara Chávez, exjefa de campaña del movimiento regional Juntos Por el Desarrollo de Arequipa, organización que puso en el sillón provincial a Rivera, fue contratada por el municipio bajo la orden de servicio N°081-2023, con una remuneración de S/9.000. De acuerdo al documento, se desempeña brindando asistencia técnica a la presente gestión y se encarga del mantenimiento de los sistemas informáticos.
Sin embargo, según el registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de la Educación Superior Universitaria (Sunedu), Copara recién se tituló el 6 de diciembre como ingeniera electrónica. Es decir, apenas acumula una experiencia profesional formal de tres meses. A ello se suma que no aparece como colegiada habilitada en el registro del Colegio de Ingenieros del Perú.
Por estos motivos es que Sumari solicitó el último 10 de marzo la documentación donde se explique qué cargo ocupa dentro de la entidad pública y en qué área, así como quién es su jefe inmediato y en qué fecha inició sus labores.
La concejala también requirió que se especifique dónde se encuentra su oficina, el monto de su sueldo y forma de pago, qué labores desempeña, perfil profesional y quién ocupaba el cargo antes de que ella ingrese, o que aclaren si el puesto recién fue creado en la presente gestión.
Esta información es de suma importancia para la regidora, debido a que solo así podrán determinar si la profesional ingresó por ser la exjefa de campaña del burgomaestre o por sus méritos profesionales. Actualmente su hoja de vida denotaría falta de experiencia en la gestión pública, lo que no permitiría un mayor aporte en la presente gestión.
Es preciso indicar que la gerencia municipal tiene 10 días para remitir la información solicitada una vez ingresado el pedido. De lo contrario, los funcionarios a cargo estarían incumpliendo con sus funciones, lo cual debe ser reportado a Contraloría, porque no hay potestad para que obstruyan la función fiscalizadora que por ley les corresponde a los regidores.
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