En las audiencias donde José Vilca, magistrado del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, viene evaluando los elementos de convicción que vinculan a 11 personas detenidas por presuntamente integrar la organización criminal «Los traficantes de La Pampa en Arequipa», se conoció que la Fiscalía sostiene, fruto de su investigación, que la banda se constituyó con el fin de adueñarse ilegalmente de las pampas de La Joya para posteriormente traficar y lucrar con ellas (incluso vender varias veces el mismo lote).
Según la fiscal Alejandra Cárdenas, Juan Valencia Postigo, el supuesto cabecilla, se apropió de una parte de las 4.300 hectáreas que adjudicó temporalmente el Ministerio de Agricultura a la Asociación de Proyectos de Irrigaciones Privadas de La Joya (ASPRIDI). Como se recuerda, el Estado dio estas tierras con el propósito de que ASPRIDI realice los estudios para la ejecución de proyectos de irrigación. Sin embargo, los terrenos fueron ocupados por Valencia y su asociación Aspproducto.
Para ello, consiguió que el entonces alcalde del centro poblado de San Camilo, Santos Zambrano, le adjudicara las tierras de manera perpetua, mediante una escritura imperfecta. Con estos documentos, comenzó a captar compradores, que abonaban entre S/3 a S/4 mil por terrenos de 1.500 m2 desde el 2016 al 2021.
Tras el pago, la asociación procedía a entregarles constancias de posesión con año de expedición falso. Algunas de estas fueron suscritas por Zambrano, y otras por el exjuez Fausto Quirita. Cabe indicar que este documento no consignaba fecha ni hora, pero sí llevaba el logotipo del Poder Judicial.
En cuanto a la conformación de la presunta organización, la fiscal sustentó que el líder era Valencia y su lugarteniente Maritza Callachet Quiroz. Asimismo, una persona fue designada para realizar los cobros a los socios y para hacer desalojos violentos.
También contaban con un encargado para los asuntos legales, además de una red de protección conformada por policías en actividad que obstruían las denuncias en su contra. Y finalmente tenían colaboradores como el exalcalde Gílmar Luna.
La relación de Luna con Valencia era cercana y, a la luz de lo que se sabe, es calificada como tráfico de influencias. De acuerdo a la investigación, el exalcalde pidió en su momento a su gerente de Desarrollo Social que reconozca a la ahora cooperativa Aspproducto sin cumplir con el trámite correspondiente.
A su gerente de Catastro y Desarrollo Urbano le solicitó hacer una verificación de los terrenos que ocupaba la asociación para lograr la visación de los planos. Asimismo, aprobó una ordenanza para que los socios se beneficien con el servicio de agua. A cambio recibiría posesiones para familiares, además de coimas y votos en campaña, según la Fiscalía.
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