El exgerente general del Gobierno Regional de Tacna (GRT) Luis Valdivia Salazar señaló que la actual gestión de la institución tenía todos los argumentos para ganar el laudo arbitral por la resolución de contrato del proyecto «Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipólito Unanue», pero si este resultó a favor del Consorcio Salud Tacna es porque no hubo una buena defensa del Estado.
Adujo que la resolución de contrato de parte de la anterior gestión del GRT se efectuó con todos los argumentos legales y técnicos y mencionó que el arraigo fundamental son las investigaciones realizadas por el consejo regional, el caso de la compra de ventiladores mecánicos, los informes de la Contraloría e investigaciones del Ministerio Público, además de los informes técnicos sobre el vencimiento de plazos.
Valdivia sostuvo que la defensa de los intereses del Estado le corresponde a la Procuraduría Pública de Arbitrajes.
“Ella tiene el deber de efectuar una defensa eficaz y eficiente”, enfatizó al aseverar que incluso pidió la intervención de la Procuraduría General del Estado (PGE) y que se inicie una investigación a la procuradora ad hoc Aracely Blanco para determinar si cumplió una eficaz defensa del Estado en este caso.
Al mencionarle que dicha procuradora también laboró en la gestión de la que él fue gerente general, respondió que la procuraduría no depende del GRT sino de la PGE, aunque la entidad pague sus remuneraciones. Añadió que decidieron pedir las mencionadas investigaciones porque se observó que el enfoque de la defensa no era el que se debía llevar.
El exfuncionario regional mencionó que en su gestión se pidió al procurador del GRT que interponga una denuncia penal contra los árbitros que emitieron un laudo a favor de la empresa, toda vez que existiría parcialización manifiesta en su trabajo, recordando que el OSCE sancionó a las empresas ejecutora y supervisora.
Anotó que corresponde a la actual gestión del GRT asumir plena responsabilidad y aclaró que el tema no está cerrado porque se puede presentar un recurso de anulación del laudo ante el Poder Judicial, para lo cual existe un plazo de cinco días.
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