Las escuchas telefónicas serían la columna vertebral de la investigación que estaría por desbaratar a la organización criminal “Los traficantes de La Pampa”.
La Fiscalía y la Policía, pusieron en evidencia el nexo entre Gilmar Luna Boyer, exalcalde de La Joya; Juan Valencia Postigo, candidato al Gobierno Regional de Arequipa, un juez de paz, un abogado, cuatro suboficiales y un oficial de la Policía.
La investigación también alcanzaría a Santos Zambrano Ramos, ex alcalde del Centro Poblado Menor San Camilo (La Joya), quien según tesis de la fiscalía se dedicaban a la venta y reventa fraudulenta de terrenos, quienes desde el 2016 habrían amasado más de 2 millones de soles.
De las escuchas se tiene que el 13 de diciembre del 2021, se establece una conversación entre Juan Valencia Postigo, quien sería líder de la organización criminal y Gilmer Luna en la cual hablan que el exedil solucione un problema.
Según la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, la organización criminal investigada tenía como fuente de dinero el que pueda vender lotes, desalojar a los socios y volverlos a vender, y para darle visos de verosimidad de estar adquiriendo un terreno que tenga servicios y ser capaz de generar un título de propiedad ante entidades correspondientes, es que el líder requería el apoyo del Exalcalde Gilmer Luna. Este hecho quedó demostrado en la siguiente conversación:
Gilmer: Aló, tiíto.
Juan: Solucióname, pue’, el problema.
Gilmer: Sí, no te preocupes, yo lo voy a solucionar, no te preocupes.
Juan: Estaba la secretaria ahí ahorita, solamente es un papel para que de una vez pongan la luz.
Gilmer: Ya, yo te soluciono. Tranquilo nomás.
Juan: Ya, ya…
Según el Ministerio Público, se puede evidenciar que había dependencia o sometimiento del investigado Gilmer Luna respecto a Juan Valencia. Incluso en una de las secuencias de comunicación Juan Valencia se dirige a Gilmer Luna con palabras groseras.
POLICÍAS INVOLUCRADOS
Durante el megaoperativo, realizado la madrugada del jueves a «Los traficantes de La Pampa», se detuvo a David Chayña y Víctor Zevallos, ambos son agentes de Seguridad del Estado, quienes se dedicaban a coordinar los actuados con los implicados o elaboraran actas de inspección en lugares distintos a donde se producían los desalojos, además de entrevistarse con el cabecilla en la oficina de Aspproducto en el Cercado de Arequipa para ver las denuncias. Se presume que ambos policías acudían al lugar para recibir dadivas a cambio del favorecimiento en las investigaciones.
Wilbert Zevallos Vicente (r), alias ‘Lobo’ laboraba en la oficina de apoyo al Ministerio Público y aprovechaba su cargo para informar a Juan Valencia sobre cualquier denuncia en su contra, incluso le enviaba las carpetas fiscales a través de WhatsApp, también proveía de información crucial al abogado René García Gonzales, quien se encargaba de buscar a los fiscales o policías que tenían las investigaciones contra el líder de la organización criminal o cualquier otro miembro de la organización criminal.
El oficial PNP Juan De La Cruz Zenón Paz, comisario de San Camilo y Rubén Muños Casillas, efectivo de la comisaría de San Camilo, también están incluidos en la investigación, pero no fueron detenidos. A ellos se les acusa de colaborar activamente a cambio de dadivas. Muñoz Casillas supuestamente se encargaba de convencer a los diferentes socios de Aspproducto de desistir de las acusaciones y para evitar las investigaciones no registraba las denuncias en el sistema de Sidpol de la PNP.
De comprobarse el concurso real de los delitos de organización criminal, usurpación agravada, cohecho activo, falsedad ideológica, usurpación de función pública, falsedad ideológica, omisión o demora de actos funcionales, tráfico de influencias y abuso de autoridad los imputados podrían recibir penas que van desde los 13 hasta los 20 años de cárcel efectiva.
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